Creían que tras haber sido favorecidos con el trasplante de un riñón por su insuficiencia renal, terminaba el inminente riesgo de perder la vida. Sin embargo, la falta de las medicinas que requieren para evitar que sus cuerpos rechacen el órgano recibido y de los fármacos y dispositivos complementarios, los pone otra vez en peligro y podría volver inútil el sacrificio que hicieron los familiares y personas donantes.

Ramón Espinoza Celi, de 55 años, debió acogerse anticipadamente a la jubilación por invalidez debido a la insuficiencia renal que sufría desde 2004, la cual lo tuvo con su vida dependiendo de una máquina de hemodiálisis tres veces a la semana, y de una larga lista de espera por un trasplante de riñón, que por suerte para él, se lo dio una sobrina, en 2008. “Un riñón no es algo fácil de conseguir. Hay compañeros que han fallecido esperando un donante”, dice.

Su sobrina le dio una nueva oportunidad de vida, pero la institución a la que aportó económicamente por más de diez años, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la pone otra vez en riesgo, pues no le entrega de manera continua los medicamentos que debe ingerir a diario para evitar que su cuerpo rechace el órgano, lo cual le podría causar la muerte.

“El problema viene desde hace años, pero ahora se ha agudizado. Antes se terminaba y la situación duraba unos 15 días, pero ahora ya llevamos varios meses”, explica.

Los pacientes trasplantados requieren un fármaco para evitar el rechazo, pero no todos el mismo. En el caso de Espinoza, necesita tomar a diario myfortic y certican 0,75. “Hay compañeros que necesitan 3 y 4 pastillas diarias, según su condición”, agrega.

En el mercado, una caja de 60 pastillas de certican 0,75 cuesta 300 dólares, asegura. La falta de medicamentos la enfrentan unidos: quienes tienen más recursos donan alguna caja a los otros; se prestan o las compran en grupo y las comparten. En otros casos, la Fundación de Pacientes Trasplantados recibe o gestiona donaciones y las distribuye.

“Eso lo podemos hacer quienes vivimos en la ciudad. Pero sé de compañeros del campo que han debido vender sus animalitos o sus bienes para comprarlas”, acota.

Padre de familia, con dos hijas mayores de edad, debe trabajar para subsistir, pues afirma que lo que recibe como pensión por su jubilación es casi lo mismo que cuesta una caja de sus pastillas. Y también porque sufre de otras enfermedades como la diabetes y, como ya han denunciado otros pacientes, desde hace meses escasea la insulina.

“Están vulnerando nuestros derechos. Hemos hecho plantones, hemos ganado acciones de protección constitucional, pero no las cumplen”, expresa.

En cambio, Carmen Plúa, de 38 años, madre de una joven de 17 y también paciente trasplantada hace cuatro años, tiene el problema de la falta de un catéter que requiere para un problema derivado de retención de líquidos.

Operada en el Luis Vernaza como prestador externo, allí le proveían el dispositivo que debe cambiar máximo cada cinco meses, pues de lo contrario corre el riesgo de que este se calcifique y le provoque infecciones y con ello otros problemas por su condición médica.

Pero desde inicios de 2021 el IESS le suspendió la derivación y a ella le tocó seguir el control médico en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. “En todo este tiempo debería haber tenido al menos tres cambios e ir por el cuarto, pero solo me han hecho dos, porque no hay el dispositivo”.

Tampoco le dan la solución: “He pedido la derivación, pero me dijeron que por un catéter no me iban a derivar”.

LOS DOS ESCENARIOS

• EL PROBLEMA. Los pacientes denuncian la falta prolongada de los medicamentos que requieren para evitar que su cuerpo rechace el órgano recibido. El hospital Teodoro Maldonado ofreció consultar internamente para informar sobre estos fármacos. Hace una semana indicó que su abastecimiento general de medicinas e insumos era de 55 %.
• LA SOLUCIÓN. Tacrolimus de 1 mg; myfortic de 180 mg; certican 0,75 y novolin N son algunos de los fármacos que requieren los pacientes. Reclaman que el IESS los adquiera de manera oportuna para no cortar sus tratamientos y poner en riesgo su salud. O que los derive a un proveedor externo que les garantice la atención y entrega de los fármacos.