La oposicion votara contra los nuevos impuestos

Votarán contra la Ley de Equilibrio de Finanzas. También saldrán a las calles el 7 de abril, para apoyar a los ciudadanos. Eso anunciaron los asambleístas de la oposición consultados por EXPRESO. Para ellos, el proyecto no mejora la situación económica del país. Temen que se sumen más ecuatorianos a las filas del desempleo porque las empresas podrían reducir los puestos de trabajo a causa de los nuevos impuestos.

Critican que no se devuelva el recorte para comprar los vehículos para las personas discapacitadas. La Asamblea debe archivar la propuesta, señaló la legisladora Cristina Kronfle, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero. “No hay que meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Los impuestos tarde o temprano afectan a los estratos más bajos. No es para los ‘pelucones’, como dice el Gobierno”, manifestó.

Según ella, las personas con discapacidad, que están incluidas en esta reforma, representan el 80 % de la población más pobre del país. “No se podrá comprar más vehículos ortopédicos con ese techo de 18.300 porque cuestan 43.920 dólares”, subrayó.

El legislador Raúl Auquilla, de CREO, comentó que la única salida es protestar y respaldar el derecho a la resistencia. “Es una manifestación de los ecuatorianos contra las medidas draconianas de estos impuestos, que incluyen a las pensiones jubilares y a los bienes de las personas con discapacidad”. Para él, la Asamblea debe reaccionar y lograr que el Gobierno retroceda y retire estas reformas.

Pero, además de la crítica, plantean alternativas. Recomiendan al régimen recuperar todas las multas por incumplimiento de contratos con el Estado. Según ellos, sería posible duplicar esos 300 millones de dólares que esperan recaudar con las nuevas tasas. Necesitan fiscalizar los contratos incumplidos y que Contraloría trabaje a través de las compañías aseguradoras. “Por ejemplo, el caso Duzac no tuvo una garantía real ni bancaria para hacer el anticipo. Otro ejemplo, el hospital de Salitre que está en investigación en la Contraloría. En 2009, el 82 % del anticipo fue de 800 mil dólares y hay demora en las obras”, contó Kronfle.

El parlamentario César Umajinga, de Pachakutik, recordó que los nuevos gravámenes también afectan a los gobiernos locales y descentralizados. Reducirán el 15 % del presupuesto estatal que reciben los municipios, consejos y juntas parroquiales. “Eso es inconstitucional, perjudica a todos, no se podrá hacer obras públicas y peor sociales. La Asociación de Municipalidades y las otras instituciones de estos organismos deben pronunciarse. Nos sumaremos a las calles para protestar contra este gobierno y sus medidas”, aseguró.