Oposicion: Ochoa debe ir a juicio por alteracion de la ley
La publicación de la Ley de Comunicación, en su versión de bolsillo, trae una “corrección del texto” original. En la disposición transitoria sexta se cambió la referencia al artículo 102 por el 103, sobre la difusión de contenidos musicales.
La Superintendencia de Comunicación está bajo la mirada de todos.
La publicación de la Ley de Comunicación, en su versión de bolsillo, trae una “corrección del texto” original. En la disposición transitoria sexta se cambió la referencia al artículo 102 por el 103, sobre la difusión de contenidos musicales.
Esa modificación que hizo la entidad -dirigida por Carlos Ochoa, exdirector de noticias de Ecuador TV y Gama TV- ha sido criticada. PAIS ya pidió explicaciones, como publicó EXPRESO, el viernes.
Una ley no se puede cambiar, solo la Asamblea tiene esa potestad. En este caso, el funcionario debió informar a la Legislatura y no actuar por cuenta propia, dicen en la oposición.
Para el abogado y asambleísta de CREO, Miguel Ángel Moreta, Ochoa no podía ni debía hacer algo así. Primero, ese es un tema que pasa por la Función Legislativa y si alteró un artículo eso es “falsedad ideológica, que está penado en el artículo 328 del Código Orgánico Penal (COIP), con cinco y siete años de prisión”, explicó.
Si el texto de la ley hubiese tenido dos artículos con un mismo número, lo que hizo Ochoa sería una acción no autorizada. “No hay delito en ese caso, es un asunto administrativo. Pero debía notificar a la Asamblea y la Unidad Técnica Legislativa”, agregó.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, cree que es una muestra de “abuso de autoridad. Ochoa dijo que era un error de imprenta, eso es una explicación tirada de los cabellos”. Para él, la Asamblea es la única que tiene la potestad de corregir un error en una ley. “El superintendente se tomó atribuciones, violó el procedimiento y actuó en forma arbitraria”, subrayó.
Para los consultados, eso no pasaría si hubiera la voluntad de respetar las funciones del Estado. Creen que el Parlamento debería llamar a un juicio político contra Ochoa. También debería comparecer a la Comisión de Fiscalización, señalaron.
El jurista y excandidato a la Alcaldía de Quito, Milton Castillo, explicó que alterar un texto es “delito de prevaricato”. Aunque la normativa esté equivocada, Ochoa se arroga funciones que no tiene. “Eso es delito penal: falsificación de documentos, no puede modificarlo porque no es su facultad, no tiene atribuciones”. Coincide con Ricaurte: “Es una muestra de abuso de poder y prepotencia”.
Ayer, EXPRESO envió dos correos electrónicos a la Superintendencia de Comunicación para solicitar una entrevista con el licenciado Ochoa o una declaración escrita. Pero hasta el cierre de esta edición no recibió ninguna contestación. CMP