La justicia peruana empezó a debatir ayer el pedido de la fiscalía de condenar a 18 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa por los presuntos aportes irregulares de la brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011.

La audiencia arrancó con la sustentación del fiscal Germán Juárez que pide cambiar las medidas cautelares que pesan actualmente contra el expresidente, como la prohibición de viajar al extranjero sin permiso judicial, por “prisión preventiva de 18 meses” ante el riesgo de fuga o demanda de asilo.

El exmandatario y su esposa Nadine Heredia desistieron de estar presentes en la audiencia por recomendación de sus abogados, en una actitud tolerada por la legislación.

Juárez afirmó ante el juez del caso, Richard Concepción, que Heredia abrió en el Banco de Comercio dos cuentas a plazo a nombre de sus hijas Illariy y Nayra Humala Heredia, menores de edad, por más de 40 mil soles cada una.

El banco precisó que dichas cuentas han tenido 13 renovaciones desde el 26 de septiembre de 2006. Según Juárez, estas cuentas corroboran la tesis de que Heredia disponía de parte del dinero de origen ilícito para sus fines personales.

Humala, tras conocer el pedido de prisión preventiva, aseguró que afronta “una persecución política” desde que dejó el Gobierno en 2016 y que lo hace en Perú, “frente a otros que no están acá (en el país) y sus procesos de investigación se pasan por agua tibia”.

La prisión preventiva fue solicitada por Juárez después de que Humala interpusiera un habeas corpus contra el fiscal por haber acudido al colegio de sus hijas para verificar si recientemente habían viajado con su abuela al extranjero. EFE