Algo esta oliendo mal
La semana anterior fue en Guayaquil y en esta que finaliza ha sido en Latacunga, donde se ha producido un amotinamiento de PPL con un saldo sangriento de dos miembros de bandas rivales acuchillados y un policía herido. Todo esto después del 16 de mayo, cuando el gobierno de Moreno decidió intervenir por medio de un decreto de emergencia en el sistema penitenciario nacional, actualmente prorrogado por 30 días más. ¿Se logrará algo o es puro “gatopardismo” con alguna otra proterva intención? Esta anómala situación está aumentando la percepción a nivel nacional de inseguridad ciudadana y desprestigiando más a la fuerza pública ante la sociedad ecuatoriana.
Hasta la fecha, en 2019 se registran 21 asesinatos en los llamados Centros de Rehabilitación Social- CRS, que son consecuencias de dos factores que se entrecruzan: la pérdida de calidad de vida en todos los CRS del país, como resultado de la crisis económica y la reducción del poder de sus autoridades; y la desacertada desaparición del Ministerio de Justicia, por una arcaica visión ideologizada de los empresarios-millenials sobre la reducción general del gasto público y erradas sugerencias de los nuevos aliados y asesores (los “envejecidos” ex-Ruptura de los 25 y/o el inefable secretario Cuesta, ahora experto en “eficiencia del Estado y monetización de activos”).
El 15 de enero de este año desaparece legalmente el Ministerio de Justicia y es reemplazado en sus funciones por la SNAI: 1.- Hay diferencias muy notorias jerárquicamente entre un ministerio y una secretaría; 2.- Dentro de la institucionalidad del Estado se dificultan las tareas de coordinación y control con entes de la Función Ejecutiva y se complican las labores de relación y cooperación con otras funciones del Estado, o de colaboración e intervención del régimen seccional. Las quejas de las PPL en Latacunga son la mala alimentación y la carencia casi permanente de agua; y protestas contra el accionar policial. El actual director del SNAI aseguró “que buscan la satisfacción de las necesidades mínimas”. Algo está oliendo mal, ¿o se está buscando la privatización de las cárceles más grandes del país?
