Es como un barrio fantasma que lo tiene todo y a la vez nada. En el conjunto residencial Costa Plaza, ubicado al interior de la ciudadela Puerto Azul en el kilómetro 10 de vía a la costa, los guardias motorizados, el control en la garita de ingreso, los tres parques con canchas de tenis, fútbol, básquet, la piscina, el salón de eventos... Lo prometido al momento de la compra, no existe.

Han pasado ya casi cuatro años desde que la primera familia (de las 50 que viven allí) se asentó en el lugar. Y desde entonces las promesas y las necesidades de los residentes siguen siendo las mismas. Grandes y chicos claman por atención, y más aún por los servicios básicos que aún no llegan, pese a vivir en una de las zonas más exclusivas (y con la más alta plusvalía) de la arteria.

Los habitantes no tienen agua o para ser más claros, agua que llega a sus domicilios de forma directa. Los diez condominios, de los quince que según los planos integrarán la obra, se abastecen con tanqueros que logran pagar con una alícuota de $ 50, que ha logrado también mejorar el sistema de seguridad del lugar, que se decidió cancelar por iniciativa propia (con la creación de una comitiva provisional). Y asimismo apenas la mitad de los bloques, tiene medidor de luz. El resto, explica Fawel Abramowicz, residente, está conectado a un transformador de la empresa inmobiliaria del cual brotan una maraña de cables que -lanzados por las ventanas y los techos- los dota de energía “de forma insegura”.

Abramowicz, quien lleva viviendo casi dos años en Costa Plaza, ha sido testigo de los efectos de las obras inconclusas: patios desolados, constantes apagones, electrodomésticos quemados. Por ello se ha visto obligado a prender sus equipos por horarios a fin de evitar la sobrecarga de voltaje. Él, tanto o más que otra decena de propietarios, culpa del “vía crucis” que está padeciendo a la constructora Rumbea & Rumbea, a cargo del proyecto.

“No entiendo cómo sus directivos pueden dormir tranquilos si prácticamente todo lo han dejado a medias”. Leonardo Nieto, afectado, confiesa sentir que a veces vive en una invasión y no en una vivienda de 80 metros cuadrados por la que pagó $ 70.000 y en una ciudadela que prometía además tener un salón de eventos y áreas de juegos para los niños.

Lastimosamente, argumenta Óscar Macías, también morador, estos últimos no han tenido otra opción que brincar sobre el cemento. Y es que donde debió estar la piscina está solo un enorme hueco que en época de invierno se repleta de agua e insectos. Y donde debieron estar los juegos, no hay más que un terreno baldío y monte.

“Aquí, en otras palabras, han acabado con los sueños de todos”, dice.

Félix Paredes, gerente de la constructora, dice estar consciente del malestar de los dueños. Pero atribuye los atrasos (incluso los de entrega de viviendas, ver nota adjunta), a los cambios de normativas y la Ley de Plusvalía que, según el Banco Central del Ecuador, ha afectado al sector casi ocho trimestres consecutivos.

Aún así, defiende, Rumbea & Rumbea ha avanzado en un 85 % con la obra. El 15 % restante, que incluye precisamente sus necesidades, lo prevé cubrir con la comercialización de bienes que la constructora tiene a su disposición y que “están próximos a convertirse en recursos líquidos” y el apoyo de una institución, cuyo desembolso está previsto para enero.

“Sabemos que con las medidas que hemos tomado y las iniciativas del actual Gobierno, todos estos temas quedarán resueltos”. Paredes adelanta que a partir de la próxima semana la constructora iniciará los trabajos para que los residentes puedan sacar su propio medidor de agua y luz.

Aún así, vecinos como Iván Lascano y Ernesto Tobar se muestran escépticos. “Son tantas veces las que nos han dicho que se está trabajando, que no tienen dinero, que están quebrados, que tengamos paciencia... Y la hemos tenido. Lastimosamente también hemos llegado al tope porque nuestras familias y nuestro bolsillos se han visto afectados”.

Por ello, dicen, no van a esperar más. Si los cambios no son inmediatos, “vendrán entonces las demandas”, sentencian.

El atraso en la entrega de las viviendas

Otra de las quejas más comunes entre los propietarios es el retraso en la entrega de viviendas, que en algunos casos, como el de Ismael Henríquez, llega a ser hasta de tres años, pese a haberse cancelado el costo de la obra en su totalidad desde el inicio.

A Henríquez, considerado uno de los casos más complejos, la constructora le ha puesto fecha de entrega ya en dos ocasiones. Sin embargo, esta no ha cumplido. Y como resultado, ha tenido que seguir pagando $ 600 por el alquiler de otro condominio.

Aunque no ha precisado la fecha de entrega de este y otros departamentos, Paredes ha confirmado estar trabajando en los cinco bloques faltantes: dos que están casi edificados y tres que tienen ya levantadas sus estructuras.

Según la última reunión entre los directivos de la constructora y Henríquez, este recibirá su casa en enero, al igual que otros tantos. Por ello esperará. De no cumplirse el trato, dice, pedirá el reembolso de la obra, con intereses incluidos.