Es grave y lamentable para la prensa nacional referirse a la confesión del propietario de Odebrecht, pese a que corrobora una fundamentada sospecha: la enorme corrupción en que se encuentra sumergido el Ecuador.

En la presente oportunidad, la sustentación de lo afirmado causa un gran impacto en la ciudadanía.

Por eso, cuando las denuncias no son otra manifestación a la que se puede intentar descalificar como producto del odio de la “prensa corrupta”, el Gobierno nacional no tiene otra alternativa: está obligado a entregar al país un irrefutable esclarecimiento. Como dicen en las sabatinas: la verdad y nada más que la verdad. Y proceder a sancionar a quienes se determine como autores, cómplices y encubridores.

En efecto, más allá de la magnitud de los sobornos con que desde el inicio del actual régimen podría haberse estado cumpliendo un escandaloso tráfico de influencias, si el Gobierno, aunque fuese en sus tramos finales, quiere recuperar credibilidad en cuanto a la honestidad de sus procedimientos, tiene en la información presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, una brillante oportunidad.

Cabe recordar al respecto que fue el propio jefe del Estado quien abruptamente pero con amplia complacencia nacional , acusó a la constructora brasileña de estafa y expulsó a sus directivos del Ecuador. Sin embargo, a poco y coincidiendo con una visita del expresidente Lula, sin ninguna explicación, a partir de un “convenio de reparación técnica” y el pago de 20 millones de dólares, todos los juicios fueron eliminados y la Contraloría desvaneció las glosas. Los medios de comunicación que se atrevieron a plantear interrogantes fueron incluso sometidos a sanciones económicas.

Con ese antecedente, hoy no es posible que el país admita como excusa el desconocimiento de los hechos, pues al Ecuador le consta que el primer mandatario sigue muy de cerca lo referente a la construcción de todo tipo de infraestructura. Tampoco es aceptable que se limite a establecer lo denunciado como una maniobra desestabilizadora de un gobierno progresista por parte del imperialismo yanqui.

La República, por su honra, por su historia, exige un esclarecimiento serio. Expreso, se suma fervientemente al clamor nacional que así lo requiere. Los candidatos presidenciales deberían hacer lo mismo y tomar la lucha contra la corrupción como bandera.