Involucrada en el mayor escándalo de corrupción en la región, la constructora brasileña Odebrecht pide una nueva oportunidad. Dice estar arrepentida por la entrega de sobornos que involucra a sus ejecutivos y quiere que le permitan demostrar que ha cambiado. Ese fue el eje de la exposición de Michael Munro, director de Conformidad de la empresa, ayer, en Quito. El abogado –que recorre varios países socializando una nueva imagen fundamentada en la ética, integridad y transparencia– busca limpiar la imagen de la constructora. Ofrece cero tolerancia a las prácticas ilícitas.

Él aseguró que las políticas de la firma fueron sometidas a un programa de saneamiento. El objetivo, dijo, es no recaer en los errores del pasado. A ese pasado no quiso ni referirse. Lo que sí dejó en claro es que “no se darán más sobornos”. “Queremos convertirnos en un ejemplo”, dijo, y añadió que quieren demostrar a Ecuador que pueden “hacer las cosas de manera correcta y eso es lo que estamos pidiendo: una oportunidad”, imploró.

Sobre todo considerando que la brasileña aún tiene tres ‘pendientes’: la entrega definitiva de los proyectos poliducto Pascuales - Cuenca y el acueducto La Esperanza y la construcción del Metro de Quito, en sociedad con la firma española Acciona.

El oficialismo, empezando por el vicepresidente de la República, se ha mostrado favorable a la expulsión definitiva de Odebrecht del país. Munro cree que parte del cambio es la colaboración que están brindando a los gobiernos con los cuales, en algunos casos, ya han cerrado acuerdos. En el caso de Ecuador, el acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía se firmó el 8 de junio y contempla confidencialidad. Bajo esa premisa, el abogado evitó dar detalles. No habló de la información que podría entregar la empresa, ni del monto de la compensación que pagarían al Estado.

Pidió, sin embargo, dejar a la Fiscalía “hacer su trabajo”. Desde que el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló, en diciembre de 2016, la presunta entrega de $ 33,5 millones en sobornos a funcionarios locales, se han abierto seis casos. El último, por presunta asociación ilícita, inició anteayer, tras la entrega voluntaria de Édgar Arias, gerente de Diacelec. Por el mismo delito es investigado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y cinco sospechosos. Un tercer proceso se abrió contra Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad y su tío político Marcelo Endara, por lavado de activos.

Hay tres investigaciones previas: por concusión, en el caso del contralor Carlos Pólit; por delincuencia organizada, en el caso del Metro de Quito y un caso general contra Odebrecht.

Hasta el momento todas las sospechas recaen en un exfuncionario y excontratistas.