Carlos Ochoa, principal de la Superintendencia de Comunicación, se sentó ayer en la silla de los sospechosos. Fue en la Fiscalía General del Estado.

El funcionario fue citado a dar una versión libre y sin juramento por la denuncia presentada por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha. Esos grupos lo acusan por una supuesta falsificación y uso doloso de documento público.

César Ricaurte, director de Fundamedios, pidió a la Fiscalía investigar la adulteración de la Ley de Comunicación, en una edición de bolsillo impresa por la Superintendencia. Ramiro García, del Colegio de Abogados, sostiene que con esos cambios se impusieron sanciones a 11 radios.

Pero Ochoa insiste en que, si es que hubo cambios, él no tuvo nada que ver, que no dispuso ninguna modificación. Dijo ser una persona inocente.

“Hemos reiterado que todos los procesos que se efectuaron se basaron en el artículo 103 de la Ley de Comunicación”, dijo al finalizar la diligencia.

La supuesta alteración de la norma, dijo, no solo se indaga en la Fiscalía, sino también en la Superintendencia. Ochoa repitió la posibilidad de un error de transcripción aunque no se sabe si fue en la institución o en la imprenta. Lo está investigando.

“Creo que en el país siempre debemos recordar que existe la presunción de inocencia”, concluyó. MCV