Objecion de conciencia

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Objecion de conciencia

La salvaje violación a Martha ha merecido, en general, el condigno repudio de una ciudadanía asqueada. Solo unos pocos cretinos, mayoritariamente escudados en el cobarde anonimato de las redes sociales, se han atrevido a hacer mofa o disimular esa gravísima afrenta, con estupideces de tal calado que causa vergüenza repetir.

La administración de justicia debe actuar con prontitud para que sea impuesta la más severa de las penas a los responsables de semejante atroz violación. La sociedad, asqueada como está, no va a tolerar resultado distinto.

Y mientras escribo esto, tratando de sintetizar un justísimo reclamo colectivo, no puedo dejar de preguntarme por el rol que, en esta clase de asuntos, tenemos los abogados que ejercemos privadamente nuestra profesión. No puedo dejar de preguntarme si, a guisa del derecho a la defensa, a guisa de la presunción de inocencia, a guisa, en fin, del derecho de todo procesado a tener quien lo represente, estamos obligados a patrocinar estos casos, buscando que se exculpe a quien sabemos que no lo merece.

No. No estamos obligados. No lo estamos si nuestra conciencia nos lo impide. Y naturalmente, la ley nos respalda sin rodeo alguno cuando dice que es derecho de los abogados “Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia” (Código de la Función Judicial, art. 331, 3º).

Claro está que no pretendo con estas reflexiones atreverme a sugerir normas de conducta a otros abogados, y mucho menos osar a que su conciencia se orille en uno u otro lugar. Solo he querido recordar la existencia y el respaldo legal a la negativa de conciencia, no solo por si fuera de utilidad, sino, fundamentalmente, para que sirva de guía para entender qué profesionales del “derecho” no tienen obstáculo para buscar que se exculpe a quienes sean responsables de crueldades brutales como las infringidas a Martha. Y a quienes pregunten quién entonces puede defender a los imputados si no hubiese abogados privados dispuestos, me anticipo respondiendo que para eso el Estado ha creado la Defensoría Pública. Que allá vayan.