U n juez federal de Texas falló el viernes contra la ley sanitaria de la Administración Obama, conocida popularmente como Obamacare, al considerar que uno de sus grandes pilares, la obligación de los ciudadanos de contratar un seguro médico, resulta inconstitucional. La resolución, que da la razón a la demanda de una veintena de gobernadores y fiscales generales republicanos liderados por Texas, será recurrida por California y otros estados, según avanzó un portavoz de Xavier Becerra, el fiscal general californiano.

La batalla sanitaria se encamina de nuevo al Tribunal Supremo. La ley seguirá en vigor mientras tanto.

Reed O’Connor, el juez del tribunal de Fort Worth, basa su decisión en que la reforma fiscal aprobada por la mayoría republicana en el Congreso en 2017 ha eliminado, con efectos a partir de enero, la penalización fiscal para aquellos contribuyentes que no tengan seguro médico. Al desaparecer este castigo tributario, señala el magistrado, el mandato individual resulta inconstitucional y, con ello, también quedan anuladas el resto de medidas de la llamada Affordable Care Act (ACA). El Supremo ha ratificado la constitucionalidad de Obamacare en dos ocasiones, 2012 y 2015. La primera de ellas usó como argumento que el Congreso tenía dicha potestad fiscal, pero desaparecida la penalización, sostiene el juez, el mandato es inconstitucional.

“La decisión de hoy es una agresión contra los 133 millones de estadounidenses con condiciones preexistentes, contra los 20 millones que dependen de las protecciones al consumidor, contra el progreso de América hacia una sanidad asequible para todos”, dijo el fiscal Becerra en un comunicado. California lidera el grupo de 16 estados y el distrito de Columbia contra esta demanda.

Aprobada en 2010, Obamacare lleva a la espalda una larga batalla legal -ha sobrevivido a 70 intentos de derogación en los tribunales, según recordó Becerra- y política. Enfrenta las dos maneras de ver América: la que defiende un mayor papel de la administración para garantizar una red de protección social y la que busca evitar la intromisión de lo público en todo lo posible.

La reforma de Obama introdujo un cambio radical en el sistema sanitario estadounidense y amplió la cobertura a 20 millones de personas que carecían de ella. Expandió el programa Medicaid, el destinado a ciudadanos con pocos recursos o discapacitados, e incorporó medidas para evitar que las compañías rechazasen a personas con problemas preexistentes o les cargasen costes abusivos. Pero, su puesta en marcha también mostró carencias, ya que el modelo provocó una subida de precios generalizada, al no fomentar la competencia tanto como se imaginó en su día, y grandes compañías abandonaron alegando pérdidas millonarias.

Donald Trump convirtió su anulación en una de sus grandes promesas electorales. Fracasó en el Congreso –los propios republicanos no lograron consensuar una fórmula para sustituir el actual marco-, pero aprobó varias medidas ejecutivas para debilitarla, eliminando la citada penalización fiscal que abonó la decisión del juez.