Noboa amplía el estado de excepción en siete provincias y dos cantones
El presidente Daniel Noboa dispuso que la medida regirá 30 días más. Se restringen tres derechos, ¿cuáles?
Con el Decreto Ejecutivo 552, el presidente Daniel Noboa renovó el 3 de marzo de 2025 la declaratoria del estado de excepción focalizado en Ecuador, por el "desbordamiento de los actos violentos".
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De acuerdo con el documento, firmado en Piñas, provincia de El Oro, el estado de excepción regirá en siete provincias:
- Guayas
- Los Ríos
- Manabí
- Orellana
- Santa Elena
- El Oro
- Sucumbíos
Así como en los distritos Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
La renovación extiende la medida que dispuso a inicios de año, con el Decreto 493, pero en el actual no se incluye al cantón La Troncal de la provincia de Cañar.
¿Cuáles son las restricciones del estado de excepción?
En el Decreto, el primer mandatario establece que los derechos que se limitarán durante la vigencia de la medida son el de la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia y la restricción de la libertad de tránsito, con el fin de "garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica".
Lugares con toque de queda
Aunque en siete provincias y dos cantones rige el estado de excepción, el toque de queda o restricción de movilización se aplicará solo en ciertas localidades, desde las 22:00 hasta las 05:00.
Los lugares con la restricción de movilidad y tránsito son:
- Azuay: Cantón Ponce Enríquez.
- Guayas: Durán, Balao y parroquia Tenguel.
- Lo Ríos: Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo.
- Orellana: Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto.
- Sucumbíos: Shushufindi y Lago Agrio.
El Gobierno justifica la medida en varios "considerandos" del decreto, en donde menciona el conflicto armado interno, los hechos violentos que escalaron hasta el 20 de febrero, así como las acciones conjuntas que ha emprendido el Bloque de Seguridad para enfrentar a los grupos delincuencia organizada.
Indica que el combate de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha permitido que los delincuentes pierdan "su control territorial en ciertas zonas del país, y debilitado sus estructuras, sin embargo buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia". Por ello considera "necesario mantener el mismo régimen excepcional" del decreto que se emitió a inicio de año, el 2 de enero.
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