El nebuloso caso Odebrecht deja ver las primeras caras

Cuando Ecuador se despertó, Odebrecht no era más un verbo futuro. Había llegado al hoy, al presente. Se había materializado en una redada en cadena que condujo a la Policía Nacional hasta la detención de cinco personas vinculadas a la trama, tras los allanamientos de 18 inmuebles, en Guayaquil, Quito y Latacunga, durante la madrugada y mañana de ayer.

La segunda semana del Gobierno de Lenín Moreno dio paso a lo que podría considerarse como el estreno de la saga investigativa en el capítulo Ecuador, que durante seis meses apenas y dio señales de vida con la encarcelación del exministro de Energía Alecksey Mosquera y su socio Marcelo Endara.

La lista la engrosan desde ayer cinco acompañantes con fines investigativos: dos personas no identificadas; José Terán Vásconez, exalcalde de Latacunga, quien es además hermano mayor del exasesor del alcalde Mauricio Rodas, Mauro Terán, detenido a inicios de año; el empresario quiteño Gustavo Massuh Isaías; y, en Guayaquil, el empresario Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.

Rivera, un hombre con poco perfil público, saltó al primer plano denunciado por la oposición: en 2015 el entonces legislador Andrés Páez lo acusó de guardar millones de dólares en paraísos fiscales. Y durante la campaña electoral, Dalo Bucaram levantó denuncias similares, que culminaron en la tristemente célebre agresión de su hermano Jacobo a Rivera.

En palabras de la Fiscalía, todos los detenidos cayeron durante el primer operativo contra lo que denominan ya “una trama de corrupción” dirigida por Odebrecht.

El fiscal Carlos Baca Mancheno, electo bajo críticas opositoras por su cercanía a la cúpula de PAIS, recibió ayer un espaldarazo de todos los sectores políticos que, en distintos tonos, respaldaron las primeras medidas. Estas tuvieron lugar mientras Baca Mancheno volaba desde Brasil hacia Ecuador, 24 horas más tarde de haber accedido a la investigación de la independiente justicia brasileña. Desde el aeropuerto de Quito, en una improvisada rueda de prensa sin opción a preguntas, anunció con la mirada clavada en el comunicado: “Algunos de los procesados tienen fuero de corte”. Es trascendente, los sospechosos pueden tratarse entonces de ministros, representantes de las funciones del Estado o autoridades de control.

Precisamente una de las autoridades de control más simbólicas, por permanecer en el poder durante más de una década, estuvo dentro de la lista de allanados: el contralor Carlos Pólit, recientemente reelecto y posesionado. En sus inmuebles de Quito y Guayaquil no se detuvo a nadie. Pólit, pudo conocer EXPRESO por fuentes de su entorno, se encuentra en Estados Unidos desde el 25 de mayo. Solicitó licencia médica.

El escenario: un fiscal tras la pista de un contralor, cuyo abogado ha negado la sospecha y acusado al Ministerio Público de actuar bajo “represalia”, abre una guerra política de condiciones nunca antes vistas. Miembros de la oposición, como la asambleísta Jeannine Cruz (SUMA-CREO), se anticiparon ayer a solicitar por escrito la renuncia de Pólit.

La primera tanda judicial deja en la clase política un desconcierto inicial. Y mesura. Aunque nadie se atrevió a desconocer ayer el paso dado por Fiscalía.

El opositor Guillermo Lasso remitió un comunicado que pone en duda los tiempos de la Justicia (“hace pensar que las investigaciones fueron retrasadas”), pero anunció que apoyará “desde la oposición toda iniciativa que garantice la lucha contra la corrupción”.

La socialcristiana Cynthia Viteri, en una reacción dirigida a minar los intentos del expresidente Rafael Correa por arrogarse algún mérito en los primeros resultados por la investigación contra las coimas pagadas en su Gobierno, se limitó a dibujar los hechos: “¿Qué dice Correa?

¡Que su gobierno hizo las investigaciones sobre Odebrecht! La realidad: Cambian de fiscal, Correa se va y empiezan los operativos”.

El Gobierno nacional, por su parte, guardó ayer una sola línea discursiva, marcada por el presidente Lenín Moreno en una declaración concreta: “No vamos a permitir que ningún acto de corrupción quede impune, venga de donde venga”.

El “caiga quien caiga” se tomó rápidamente el discurso verde flex y fue ampliamente difundido desde la vicepresidencia hasta las representaciones legislativas.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (PAIS), por ejemplo, admitió ayer por primera vez en seis meses que “no se descarta” la convocatoria del vicepresidente Jorge Glas para comparecer ante la Asamblea. Aunque aclaró que hacen falta condiciones para ese momento.

Estas son, de todas formas, las primeras acciones. Las autoridades prometen que no serán las únicas, en el caso de corrupción más trascendente de la última década.

Los datos

Allanamientos

Tuvieron lugar entre las 04:00 y las 09:00 en Quito, Guayaquil y Latacunga. La policía allanó casas y departamentos pertenecientes a sospechosos de la trama de corrupción. Así como empresas del sector privado, cuya vinculación con el caso no ha sido aún aclarada por las autoridades.

Expulsión

La asambleísta María José Carrión, titular de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, anunció ayer que pedirá a los 136 legisladores que la acompañan en el Pleno, que firmen una petición formal para que la empresa Odebrecht sea “expulsada” del territorio nacional, nuevamente.

Un caso con fuero de Corte Nacional

Es un caso de corrupción con implicados de alto nivel. El anuncio de la Fiscalía sobre implicados “con fuero de corte” ha obligado a remitir el caso Odebrecht a las salas de la Corte Nacional de Justicia.

El fiscal Carlos Baca Mancheno, ante la prensa, lo detalló: “Anuncio además que la próxima semana y en virtud de que algunos de los involucrados gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia, retornaré a Brasil con un equipo de fiscales, así como un equipo técnico de la Fiscalía General del Estado para continuar la recepción de versiones y recolección de evidencias”.

El fuero de corte, una disposición constitucional que blinda a los altos representantes del Gobierno y demás poderes del Estado, así como a las autoridades de control, de responder ante las instancias comunes de la justicia, condujo el incipiente expediente de Odebrecht a las manos del juez Luis Enríquez, magistrado de la Corte Nacional.

De momento, el único involucrado público que goza de este privilegio constitucional es el contralor Carlos Pólit, a quien la Fiscalía ha señalado dentro de sus primeras acciones de investigación.

El encausamiento para autoridades de este tipo, desde el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los asambleístas y demás autoridades, debe contar con el permiso respectivo de la Asamblea para que sean juzgados por la Corte Nacional de Justicia. Si este no se concediera explícitamente dentro de los siguientes 30 días, se entenderá que la justicia cuenta con luz verde.

El juzgamiento puede tener lugar incluso después de haber entregado el poder, pues su procesamiento responde a “delitos de acción pública o privada, en cumplimiento de funciones”.

Lenín Moreno: “Existen muchos más implicados”

Diez días en el Gobierno. El presidente Lenín Moreno entró a su segunda semana en el poder con la satisfacción de anunciar lo que considera como el inicio del cumplimiento de su oferta de campaña: “Esto demuestra que fuimos certeros cuando prometimos una cirugía mayor contra la corrupción, fue veraz”, dijo ayer ante la prensa, desde Babahoyo.

Las declaraciones de Moreno, antes del inicio de su primer gabinete itinerante, opacado por las noticias, tuvieron un tono sereno pero satisfecho. Después de todo, había sido capaz, en poco más de una semana, de ofrecer resultados esquivados durante los últimos 162 días. Y promete que se trata del inicio.

“Existen muchas más personas implicadas”, adelantó sin concreciones el presidente, quien reconoció haber sido informado por Fiscalía de la lista de investigados por la justicia brasileña. Su Gobierno ha prometido al Ministerio Público “independencia” y “apoyo” para las acciones investigativas en el país.

Después de todo, hay mucho que investigar. “Odebrecht hizo de las suyas, prácticamente, durante toda su estadía en el país”, reconoció Moreno en una declaración que, por primera vez, concede magnitud a la trama corrupta.

Aprovechando la reunión con su gabinete, incluido el vicepresidente Jorge Glas, Moreno no ha evitado, con rostro severo, advertirlos.

“No lo tomen como una amenaza”, comenzó. “Creo que es una advertencia que nos dan las circunstancias y el tiempo para saber que debemos ser excesivamente escrupulosos en el manejo de los recursos públicos”, les dijo, mirando a cada uno de sus ministros, antes de advertir que las investigaciones y las instrucciones de Fiscalía continuarán: “Así que... eso. Nosotros a continuar con nuestro trabajo”, cerró. Y siguieron la reunión.

La reacción

Jorge Glas pide “que actúe la justicia”

No hubo sonrisas. El vicepresidente Jorge Glas se mantuvo ayer dentro del marco del discurso oficial, por todas las vías y veces requeridas.

Antes del gabinete itinerante, en declaraciones a la prensa, el número dos del Gobierno se unió a lo anunciado por el número uno: “Es un momento para que se clarifiquen hechos presuntamente oscuros por parte de determinados ciudadanos independientemente de donde vengan”, afirmó. Y consultado directamente sobre la detención de su tío, se limitó a comentar: “Que la justicia actúe, que investigue todo”.

Correa reclama mérito; niega acusación

Pegado a Twitter. El expresidente Rafael Correa mantiene su participación a diario en temas de trascendencia nacional, reducido a la calidad de tuitero. Ayer, por esta vía, reclamo méritos en las primeras concreciones relacionadas a Odebrecht, que tuvieron lugar 10 días después de que dejara el poder.

“Caso Odebrecht: creer que las detenciones y allanamientos de esta madrugada son fruto de una semana de trabajo es ingenuidad extrema”, anunciaba desde los 140 caracteres.

El expresidente defiende que estos primeros resultados son, en realidad, fruto del trabajo que él y los suyos hicieron “junto a Fiscalía” mientras “otros hacían charlatanería”, dice, en referencia a las muchas veces que la oposición lo increpó para volver públicos los nombres de la codiciada lista de Odebrecht, algo que él calificó de “imposible”, alegando que ningún país tenía dichos listados de corruptos.

Ahora asegura que “muchos de los involucrados estaban vigilados desde hace semanas”, pues el trabajo de investigación que lideró mientras vestía la banda fue tal que “sólo nos faltaba el acceso a la información de Brasil para poder operar contundentemente”, aseguró.

El expresidente, que habla en plural cuando se refiere a los resultados judiciales ocurridos ayer, aprovechó también para intentar limpiar sus propias salpicaduras en el caso. El día anterior la prestigiosa Folha de Sao Paulo lo mencionó como uno de los receptores de pagos “para fondos de campaña electoral, en 2013”, según la información judicial entregada a Ecuador. Él lo niega con ironía: “¡Ups! ¡Ahora soy yo el que he recibido dinero para mi campaña!”, ha sentenciado desde su cuenta en redes sociales, como presidente vitalicio de Alianza PAIS.

El alcance

La guerra Pólit-Baca Mancheno

No así de fácil. La defensa del contralor Carlos Pólit, quien se encuentra fuera del país desde el pasado 25 de mayo, rechazó las investigaciones en su contra.

Y les dio un sentido político: “Es una represalia del fiscal general porque la Contraloría, hace muy pocos días, presentó un informe de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, Carlos Baca Mancheno”, aseguró Hernán Ulloa, defensor de Pólit.

La declaración de la defensa incluyó un llamado a demostrar en los días venideros “la ilegalidad” con la que acusan de haber actuado a la Fiscalía General.

El enfrentamiento entre un contralor y un fiscal, las dos autoridades de control político con mayor capacidad de acción y conocimiento sobre los casos de corrupción, abre una era sin precedentes en la política nacional.

El regreso de Pólit, quien se encuentra en Estados Unidos por “motivos médicos”, no se ha anunciado aún.

ABP