“No dejen que Galápagos siga siendo tierra de nadie. No dejen a Galápagos en el abandono”, dijo Alexandra Lara, una de las sobrevivientes del naufragio del yate Angy, que ocurrió el 25 de septiembre pasado en la ruta entre Isabela y Santa Cruz. Sus palabras las escucharon asambleístas y autoridades relacionadas con el tema de la navegación en la Asamblea Nacional, la semana pasada. En el percance murieron cuatro personas, en medio de la noche y por un tardío rescate que denunciaron los pasajeros y familiares de las víctimas.

Ellos también cuestionaron la falta de controles por el mal estado de la embarcación, la falta de chalecos salvavidas y otras “irregularidades”.

A casi tres semanas del percance, ciudadanos, actores de la economía y autoridades de las islas confirman que se están cumpliendo las revisiones de seguridad por parte de la Armada en los zarpes, pero creen que se debe estructurar un protocolo de seguridad completo para asegurar a los lugareños y turistas que usan las más de 300 embarcaciones activas del archipiélago.

“La Capitanía del Puerto (Santa Cruz) ahora está obligando que los pasajeros tengan puestos sus chalecos antes de subirse a la embarcación, que las embarcaciones salgan a la hora correcta, que la lista de pasajeros esté acorde con la capacidad”, enlista Ángel Yánez, alcalde de Santa Cruz.

El funcionario indica que en el seno del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal se conformó una comisión para elaborar un protocolo de seguridad que contempla el cambio de horarios más tempranos de zarpe para embarcaciones de cabotaje (transportación de pasajeros interislas y no de turismo que tiene itinerarios propios), una revisión más exhaustiva de las naves, entre otros aspectos.

“Para proponerlo al COE provincial y desde el COE provincial se exhorta a la Subsecretaría de Puertos, Capitanía del Puerto y Dirnea (Dirección Nacional de Espacios Acuáticos) para que a nivel de la provincia todos podamos cumplir estas disposiciones (...). Si el barco hubiese salido antes, hubiésemos tenido una hora más de luz para poder realizar el rescate”, agrega el alcalde.

Este Diario solicitó una entrevista con el Ministerio de Transporte y la Dirnea. Aún están pendientes las respuestas.

Jorge Sotomayor, vocero del gremio del transporte público marítimo de Galápagos, comenta, en cambio, que adelantar la hora de retorno “no es una solución técnica” y que más bien “la solución está en que el Estado delegue el transporte público interislas a organizaciones con personería jurídica, como cooperativas, y no a personas naturales, para un mejor control y evitar la informalidad”.

Mirian, quien vende paquetes turísticos y que prefiere que la identifiquemos así, advierte a las autoridades que deben poner la mira en aquellas embarcaciones que sin tener los permisos ofrecen los servicios de turismo, cabotaje y carga. Ella también señala que hay un mercado informal de venta de pasajes y eso genera vacíos en los registros de quienes abordan los botes.

Ciudadanos creen conveniente que muchas de las fallas en las revisiones de seguridad en los muelles podrían identificarse si en la infraestructura de esas áreas funcionaran cámaras de seguridad. Así se podría monitorear a las personas a cargo de los controles, como la verificación de los chalecos salvavidas, y el desarrollo de las actividades cotidianas antes y durante los zarpes.