Naranjal: un canton en plena subasta

La orden de embargo expedida por el juez Ángel Cojitambo Sandoval, de El Empalme, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Naranjal, mantiene exaltados y preocupados a los habitantes de este cantón guayasense.

Nadie entiende cómo en un litigio jurídico por deudas se involucra a 1.260 hectáreas de esta localidad y se ordena embargar a la mitad del área urbana y una parte del área rural de Naranjal.

Múltiples preguntas están en el aire. ¿Por qué el pleito se siguió en el juzgado Multicompetente de El Empalme, en el norte del Guayas, si las tierras están en Naranjal, en el sur de la provincia? ¿Cómo un juez puede ordenar el embargo del 50 % del área urbana de una población? ¿Por qué el Municipio y el Registro de la Propiedad no fueron convocados en este conflicto si el predio reclamado pertenece a esta jurisdicción?

Las 496 hectáreas urbanas embargadas (760 hectáreas son rurales) están en el lado oriental de Naranjal y, según el catastro municipal, allí hay 6.063 predios urbanos catastrados, avaluados en 113 millones de dólares.

En los predios, unos escriturados y otros no, están hoy levantadas infraestructuras como el Hospital Básico de Naranjal, de 15 camas, que atiende a 140 pacientes por día en el área de emergencia; el distrito de la Policía, del que dependen 153 agentes; cuatro centros educativos, en los que estudian 3.000 niños y jóvenes.

En total, hay 17 lotizaciones habitacionales, cuyos habitantes sufren ahora la incertidumbre de no saber qué implica el embargo y si perderán sus casas o terrenos comprados con esfuerzo.

Teresa León y su esposo Roberto Espinosa viven desde hace 10 años en la lotización Mucho Lote II. Construyeron su casa en el terreno que compraron en 2.100 dólares a Efrén Quirola, quien, aseguran, era el propietario del solar.

Por ello, no entienden cómo ahora aparece otro propietario si hay escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad.

“De aquí no vamos a salir”, asegura la preocupada mujer, que acudió, como decenas más, el martes al Municipio de Naranjal en busca de respuestas a la noticia de un embargo que deja al descubierto la debilidad de los registros de la tierra.

Como no puede cambiar la orden de un juez ni dar órdenes al Registro de la Propiedad, que es un ente autónomo, el Concejo Municipal decidió sugerir al Registrador que deje sin efecto la inscripción del embargo, que es el resultado de un proceso judicial iniciado en 2004 en el cantón El Empalme (norte del Guayas), por una deuda impaga de una camioneta y cinco letras de 500.000 dólares cada una, lo que hoy intenta cobrarse con un predio escriturado hace más de 100 años en Guayaquil, pero que según el Municipio ya no tiene ni código catastral.

El que existía, dice el alcalde Marcos Chica, apareció misteriosamente en 2004, pero fue dado de baja el año pasado porque estaba sobrepuesto sobre un área que estaba en propiedad de cientos de personas.

La orden de embargo del 27 de julio de este año, inscrita en el Registro de la Propiedad por orden judicial, fija al 21 de septiembre de este año como la fecha de remate del que llama “predio rústico, ubicado en la parroquia y el cantón Naranjal”, con linderos fijados por la carretera Puerto Inca-Machala y los ríos Chacayacu y Bucay.

A la orden de embargo le siguió otra: la de publicar el aviso de remate en la página web del Consejo Nacional de la Judicatura. La sentencia de Cojitambo indica también el precio base de venta: 4,9 millones de dólares.