El expresidente de EE.UU. Donald Trump deberá responder ante la justicia federal de 37 cargos penales relacionados con los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022, en medio de la campaña para las primarias republicanas con vistas a regresar a la Casa Blanca.

Se le acusa de retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración, entre otros delitos, según los documentos judiciales publicados oficialmente este viernes, un día después de que Trump informase que "la caza de brujas más grande de la historia" se había trasladado a Florida.

El fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, dijo este viernes que la ley se aplica para todo el mundo y que buscará un juicio rápido "de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados".

También le pidió al público que lea el documento de la acusación para comprender "el alcance y gravedad de los delitos imputados".

La Fiscalía alega que Trump "se esforzó por obstruir las investigaciones del FBI y del gran jurado y ocultar la retención de documentos clasificados".

Según el documento de 49 páginas, los delitos más graves que se le imputan, como obstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares (232.500 euros) y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.

Además de Trump está imputado Waltine Nauta,  un asistente militar que trabajó para él durante su mandato como presidente (2017-2021) y fue visto moviendo cajas con documentos oficiales en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach (Florida)

Para la investigación se conformaron dos grandes jurados, uno en Washington, y otro en Miami, que desde el 19 de mayo hasta el miércoles ha escuchado testimonios de personas relacionadas con el manejo de los documentos oficiales que Trump tenía en su casa sin autorización, algo que es ilegal en EE.UU.

El próximo martes, 13 de junio, el expresidente deberá comparecer en los tribunales federales de Miami para la lectura de los cargos.

"Va a haber muchos simpatizantes allí. Florida es tierra de Trump", dice a EFE el analista político republicano Alfonso Aguilar, uno de los que considera que "a la larga, como en el caso de Nueva York" (el caso de los pagos a Stormy Daniels), este procesamiento va a beneficiar al expresidente en su campaña.

De acuerdo con varios medios, la jueza federal que va a supervisar el caso, al menos al principio, es Aileen Cannon, nombrada por Trump.

Cannon fue la que, al principio del caso, aceptó una petición de los abogados de Trump para que fuera un perito especial quien revisara el material incautado en Mar-a-Lago, que incluía un centenar de documentos clasificados, y nombró al veterano juez de Nueva York Raymond Dearie para que se encargara de la tarea.

Pero en diciembre de 2022 debió dar marcha atrás y anular la decisión por un fallo de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, que dio la razón al Departamento de Justicia.