Panamá entró este lunes 20 de noviembre de 2023 en la quinta semana de crisis por el rechazo popular a una gran mina de cobre vinculada a la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), en medio de bloqueos de vías que están descalabrando la economía y la expectativa por la decisión del Supremo sobre la legalidad de la operación minera.

• ESPACIO DE DIÁLOGO. Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, expresó este lunes su "voluntad de abrir nuevos espacios de diálogo" en medio de la crisis nacional por el rechazo a su operación en un gran yacimiento de cobre, que podría "suspender temporalmente la producción" esta semana. Estas nuevas vías de diálogo permitirían "abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad, a fin de crear relaciones duraderas basadas en el respeto, la cordialidad, el entendimiento y el mutuo beneficio", dijo la empresa en un comunicado.

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Los sindicatos docentes y de la construcción, que junto a grupos indígenas lideran desde el 23 de octubre pasado y de manera ininterrumpida la obstrucción de la Panamericana, la principal carretera de Panamá, y de vías en los centros urbanos, incluida la capital, llamaron para ayer a un paro nacional.

Es el segundo paro nacional después del convocado el jueves pasado, que tuvo un seguimiento muy pobre aunque logró seguir perturbando el desenvolvimiento social y económico de este país, donde cerca del 50 % de la población económicamente activa no está en ninguna nómina y vive de lo que produce cada día en la informalidad.

Las pérdidas económicas acumuladas desde que comenzó la crisis han sido calculadas en al menos 1.700 millones de dólares por las patronales de Panamá, que alertaron de que ya no se generarán 15.000 empleos temporales por fiestas de Navidad y Año Nuevo.

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Los bloqueos no solo han roto la cadena de suministros nacional, con el consecuente desabastecimiento de alimentos y combustibles especialmente en el norte del país, donde el hastío de la población comienza a expresarse con reclamos abiertos a los pequeños grupos que las vías.

La crisis afectan también a Centroamérica, que es una “región interconectada, en proceso de recuperación económica”.

• LA VERSIÓN OFICIAL. El Gobierno de Laurentino Cortizo sostienen que el nuevo contrato ley multiplica por 10 los aportes al fisco y establece mejores mecanismos para la vigilancia medioambiental en comparación con el anterior, que fue declarado inconstitucional en el 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo que respondió a una acción en ese sentido interpuesta en el 2009.

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