Nuevas leyes de DeSantis en Florida: impacto en la vida de migrantes y estudiantes
Las dos leyes centrales, que entraron en vigor el 13 de febrero de 2025, son la SB 2-C y la SB 4-C
En un movimiento que ha redefinido el enfoque del estado sobre la inmigración, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, implementó un paquete de normativas que afectan directamente a la población migrante, la cual asciende a aproximadamente cinco millones de personas, según un estudio de marzo de 2025 del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute).
La nueva estrategia, que incluyó la creación de una Junta Estatal de Control liderada por el abogado y exfiscal Larry Keefe, se materializó con la firma de dos leyes clave y la derogación de una normativa educativa anterior. Estas acciones están respaldadas por un presupuesto de más de 298 millones de dólares destinado a reforzar las capacidades de las fuerzas del orden en materia de inmigración.
Las dos leyes centrales, que entraron en vigor el 13 de febrero de 2025, son la SB 2-C y la SB 4-C.
La Ley SB 2-C establece, entre sus disposiciones, la prohibición expresa de que los extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos puedan obtener una licencia de conducir en Florida, invalidando también los permisos expedidos por otros estados. Asimismo, tipifica como delito grave que un migrante no ciudadano vote en una elección estatal, incrementa la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y crea el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados.
Por su parte, la Ley SB 4-C criminaliza el ingreso de migrantes sin autorización legal a Florida, imponiendo sanciones penales a aquellos que intenten eludir la inspección por parte de las autoridades migratorias.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 17, 2025
Estudiantes sin opción de estudios
Complementando estas medidas, el gobierno de DeSantis impulsó a principios de 2025 la derogación de una ley de 2014 que permitía a los estudiantes indocumentados acceder a matrículas estatales en universidades y colegios públicos. "No creo que deban admitirle en la universidad en Florida si está aquí ilegalmente", afirmó el gobernador republicano en una conferencia de prensa, calificando la política anterior como "una bofetada a los contribuyentes".
Un análisis de The Associated Press (AP) citado en septiembre de 2024 ilustra el impacto económico de esta decisión: mientras un residente de Florida pagaría alrededor de $6,380 por la matrícula anual 2025-2026 en una universidad como la FIU, un estudiante indocumentado ahora enfrentaría costos de hasta $30,000 anuales, sin incluir gastos de alojamiento y transporte.
Con estas acciones, Florida, que alberga la tercera población migrante más grande del país —por detrás de California (10.6 millones) y Texas (5.5 millones)— y donde este grupo representa el 27% de sus habitantes, consolida una postura más restrictiva en materia de política migratoria estatal.
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