Javier Rey Moreno hubiera cumplido este mes 56 años y a su madre, doña Berta, que lleva 24 buscándolo, le ha vuelto la esperanza de golpe movida por el anhelo de que, al tomarle muestras de ADN, coincidan con algo en la base de datos de desaparecidos en Colombia y les puedan dar alguna pista que reactive su búsqueda.

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¿Cuánto tardarán los resultados?, pregunta impaciente esta señora mayor, que mientras le explican a ella y a don Pablo cómo funciona el proceso se levanta de la silla apoyada en el bastón y se vuelve a sentar intentando acallar un mal en su cadera producto de la edad.

• Las cifras. Hay registradas 104.606 personas en condición de desaparecidas. 89.782 siguen en esa condición, lo que supone que han sido encontradas e identificadas 14.824.

Después de muchas preguntas sobre su hijo, que ayudan a los forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) a llenar los huecos alrededor de la desaparición y características físicas de la persona, a doña Berta y don Pablo les extraen unas muestras de sangre para enviarlas a Medicina Legal, la institución que gestiona esta vasta base de datos y hacer la identificación final.

“Fotografías, registros civiles, partidas de bautismo, historias clínicas... todo lo que tengan nos servirá en la búsqueda”, les dice la forense, pero la madre contesta avergonzada: “Nosotros tenemos solo una foto de él, imagino que se lo llevaron con todos sus papeles”.

“Nadie está preparado para la desaparición de un ser querido, nadie lo tiene todo preparado. No queremos que se sientan angustiados porque no tengan papeles”, les tranquiliza la forense de la UBPD, que intenta, con estas tomas de muestras, empezar a llenar los vacíos del gigantesco banco de ADN que puede ayudar a identificar a los 104.606 desaparecidos que hay en Colombia.

Javier era zurdo, medía 1,60 o 1,70 centímetros y se lo llevaron con 21 años. Son datos clave para encontrar coincidencias en la base de perfiles genéticos de los 6.997 cuerpos que yacen en los laboratorios de Medicina Legal sin identificación. O también por si hay coincidencias con los que cada día se siguen extrayendo de cementerios, fosas comunes o zanjas, en la acción deliberada que hubo en este país por hacer desaparecer a personas. “Se fue y no sabemos de él (...) de todas maneras desaparecerse es terrible”, dice doña Berta a bocajarro con un temple que oculta parte del dolor que lleva por dentro. “Asumo que él falleció, que lo mataron, pero lo que no sabemos es dónde quedó”, afirma y ahora a su edad solo quiere que le “colaboren y entreguen los huesitos”, ese será su gran consuelo.

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Berta, Pablo y Javier vivían en un pueblo del páramo del Sumapaz, una zona que las antiguas FARC usaban de corredor hacia Bogotá, por lo que la madre cree que se lo llevó la guerrilla, pero es consciente de que nunca lo va a acabar de saber. Es un tema del que siguen sin hablar por miedo.

Tampoco se hablaba demasiado en el pueblo del Meta de donde se llevaron a Frederikberst.

Su hermana Albenis Tibaquira, que también ha ido a la UBPD a que le tomen muestras para la base de perfiles genéticos, cuenta que su hermano estaba vendiendo helados caseros con su moto por las veredas de la zona, como solía hacer cada día para ganarse la vida, cuando no volvió. Lleva ya 22 años buscándolo y su padre murió con el pesar de no saber qué pasó con su hijo.

“A Villeta en esa época llegaban a diario helicópteros con muertos”, dice esta mujer, tocándose nerviosamente las manos, frente a su hija a la que su hermano nunca pudo conocer. Eran tiempos duros de conflicto y nunca la dejaron pasar a ver los cuerpos, a ver si reconocía el rostro de su hermano, alguna marca o la ropa que se puso aquel día para ir a trabajar.

“Al principio era complicado buscarlo porque eso estaba lleno de guerrilla”, relata. Tuvieron que esperar, como tantos familiares, en una búsqueda en la que el tiempo pesa y la hace más difícil. Cada vez que oía el ruido de una moto pasar por su casa le entraba la esperanza de que fuera su hermano volviendo a casa. Pero ni Frederikberst ni Javier volvieron nunca y ahora sus familias esperan que en los próximos meses alguien se les acerque para decirles que sí, que esa toma de sangre que han dejado parece que coincide con algún cuerpo o resto que Medicina Legal tiene resguardado. Que por fin podrán enterrar a sus familiares y llorarlos como merecen.

En Colombia hay más de 100.000 familias en una larga y desgastante búsqueda de un ser querido, tarea en la que hace mella el tiempo, mientras de los cementerios y fosas del país se van sacando partes de cuerpos que no siempre son fáciles de identificar”, lamenta el subdirector del servicio forense de Medicina Legal, Carlos Antonio Murillo.

Al obstáculo que supone el transcurso de los años se suma una de las particularidades del conflicto colombiano: la mutilación de las víctimas por parte de los victimarios para borrar el rastro de sus crímenes. Costillas hechas pedazos, fémures, cráneos y otras partes de cuerpos llegan al edificio de Medicina Legal en Bogotá, donde se les somete a un proceso de limpieza siguiendo estrictos protocolos internacionales.

UNA LABOR TITÁNICA

Un esqueleto de un adulto está formado por 206 huesos, 22 de ellos conforman el cráneo. Partes de esa estructura son las que llegan a los laboratorios en donde los forenses comienzan la tarea de armar los rompecabezas. La identificación incluye estudios antropológicos y odontológicos, entre otros análisis que buscan determinar el sexo, la edad, la estatura y si la víctima murió a causa de un golpe o un disparo, por ejemplo.

Más adelante, con la toma de muestras de ADN, se va configurando el perfil genético que se coteja con los más de 60.000 registros de personas que buscan a sus familiares, alojados en el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos.

En ese mismo banco hay otros 8.000 cuerpos “no identificados” que por falta de información no pueden ser entregados y siguen en los depósitos.