Las disidencias de las FARC convirtieron al municipio de Toribío, en el departamento del Cauca (suroeste), en un “centro de entrenamiento de niños reclutados”, alertó la Defensoría del Pueblo, que también denunció que hay “constantes amenazas y atentados” contra el pueblo indígena nasa.

La consolidación y concentración del poder por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos ha convertido a Toribío en “centro de operaciones militares y financieras” así como “lugar de acogida” o concentración de niños que son reclutados de manera forzada en el norte del Cauca para, luego de un entrenamiento corto, incorporarlos al Comando Coordinador de Occidente de ese organización armada, agregó la información.

Esta situación llevó a la Defensoría a emitir la Alerta Temprana 005 de 2023 para el municipio de Toribío, en donde hay un riesgo alto para sus 37.000 habitantes, teniendo en cuenta que el 96 % son indígenas del pueblo nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco.

En esta zona también hay intermitencia y tránsito de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la disidencia llamada Segunda Marquetalia, además de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que, aunque no tienen presencia física, “son generadores de amenazas”.

“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado, sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla”, lamentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones.

La Defensoría del Pueblo también ha identificado que los grupos armados envían panfletos amenazantes a personas específicas y otros de imposición de normas como que en los vehículos no pueden circular con los vidrios de las ventanas arriba o los motociclistas con cascos puestos.

También han instalado pasacalles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados y se han constatado “constantes amenazas y atentados” contra líderes indígenas del pueblo nasa por el ejercicio de sus labores tradicionales.

Toribío también se ha convertido en una zona de movilidad y tránsito para la ilegalidad porque debido a su topografía es una zona de difícil acceso para la institucionalidad del Estado.

Además, los grupos ilegales imponen restricciones a la movilidad mediante retenes y patrullajes constantes en los que se han cometido secuestros extorsivos y hurtos.

La Dagoberto Ramos maneja la ‘ruta de la marihuana’ o ‘el triángulo de la marihuana’, que lo conforman los municipios de Miranda, Corinto y Toribío, paso obligado para acceder al oriente del Cauca y al vecino Valle del Cauca.

“Todos estos hechos causan afectaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en este municipio, muchos de ellos expresados en homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, desaparición forzada, masacres y desplazamientos forzados individuales y masivos”, advirtió Camargo.

Pero en especial son “los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes están corriendo más peligro porque ante el interés del grupo armado ilegal de reclutarlos a la fuerza les imparten algunas instrucciones tipo ‘escuela de entrenamiento’ para posteriormente enviarlos hacia las estructuras donde finalmente se vincularían” a las filas armadas, concluyó.

Mientras tanto, la representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, aseguró que la situación de violencia en el país “está empeorando”, pero matizó que hay “mucha esperanza” en relación con la “apertura del Gobierno” para recibir y adoptar las recomendaciones que mitiguen esta realidad.

Así lo aseguró De Rivero en una entrevista después de la presentación del informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los más completos sobre el estado de la violencia en Colombia, en el que se destacó un incremento de las masacres -92- y de asesinatos de defensores de derechos humanos -116-.

Este informe “denota la situación en territorio, la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se viven en territorios en Colombia, como el asesinato de defensores, y el Gobierno ha tenido la apertura de aceptar ese diagnóstico”, dijo De Rivero.