No socavar el lecho marino hasta que la ciencia estudie sus impactos. Es lo que exigen cada vez más países, organizaciones ecologistas y hasta empresas, que aspiran a lograr una moratoria a la minería de aguas profundas mientras corre la cuenta atrás para que las primeras explotaciones puedan arrancar.

A pesar de que no hay ninguna mención a esta minería en la declaración política que saldrá de la II Conferencia de los Océanos de la ONU que se realiza en Lisboa, el tema ha planeado sobre la cita, donde varios países han querido ponerlo sobre la mesa.

Chile, que este mes dio un paso al frente en el seno de Naciones Unidas y pidió una moratoria de 15 años para obtener más “evidencia y certidumbre científica”, quiso llevar el asunto al pleno de la Conferencia. “Estamos convencidos de que el actual contexto no entrega las condiciones para el desarrollo de una explotación minera de los fondos marinos”, defendió la ministra chilena de Medioambiente, Maisa Rojas, quien pidió un “margen temporal” en el que no se aprueben licencias.

Un día antes, la acción llegó desde Oceanía: Palaos lanzó una Alianza para pedir una moratoria a la minería submarina, con la colaboración de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas y a la que se unieron de inmediato Fiji y Samoa. Ahora esperan que se vayan sumando más países para evitar que la gran maquinaria minera extraiga del lecho marino minerales como el cobalto, usado en las baterías eléctricas, sin saber cómo podría afectar a la salud de los océanos.

El Instituto de Seguridad Medioambiental también pidió en Lisboa a gobiernos y sociedad civil que se sumen a una moratoria. “Es muy importante porque se ha puesto en agenda”, aseguró la responsable de Océanos de Greenpeace España, Pilar Marcos, que recordó que en la primera conferencia de la ONU dedicada a los mares se habló mucho de la contaminación de los plásticos y eso se tradujo en medidas concretas. Por eso se trata de un “pequeño paso” para pasar de “las palabras a la acción”, consideró la bióloga marina.

No es, ni mucho menos, la primera vez que se pide una moratoria. Organizaciones ecologistas como WWF o la propia Greenpeace llevan años exigiendo que se aplacen las explotaciones en el lecho marino hasta conocer sus riesgos.

La oposición ha llegado hasta desde el mundo empresarial. Gigantes tecnológicos como Google y Samsung y compañías de automóviles como Renault, Volkswagen o BMW han apoyado públicamente una prórroga. Y aunque no pidieron específicamente una moratoria, el G7 acordó en mayo que estas actividades deben realizarse “bajo los estándares ambientales más estrictos”.

Pero también hay países a favor de esta minería, como China, mientras que dentro de la Unión Europea no hay consenso. El aumento de la presión internacional llega en un momento en el que el reloj ya está corriendo.

Nauru, una pequeña isla del Pacífico, activó el año pasado una subcláusula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) acelerase la elaboración de la regulación sobre la minería submarina. Si la ISA no consigue acabar esa regulación para 2023, Nauru podría obtener un permiso provisional para empezar a socavar el fondo marino, y la preocupación reina entre los ecologistas. “La diana de Greenpeace está en la ausencia de gobernanza de los océanos, porque no se puede otorgar la potestad a un órgano (la ISA) que supuestamente está para salvaguardar el suelo marino, pero lo que le importa es generar licencias y generar negocio”, denuncia la responsable de Océanos de la organización.

La bióloga ve una oportunidad en las negociaciones que se realizarán en agosto para alcanzar un Tratado Global sobre los Océanos en el seno de Naciones Unidas. Debe haber “una visión conjunta de las amenazas que están sufriendo los mares y cómo salvaguardar la biodiversidad, no el negocio de unos pocos”, sentencia.

El secretario general de la ISA, Michael W. Lodge, también habló en el pleno de la cita de Lisboa, pero no se refirió a la minería; solo dijo que la autoridad trabaja “para garantizar el uso sostenible de los recursos marinos en beneficio de la humanidad en su totalidad”.

Lisboa, muchas advertencias y tímidos avances

Comenzó con una alerta de “emergencia oceánica” y termina con tímidos avances contra la minería y una declaración no vinculante. “Esperamos 100.000 millones prometidos por los países ricos”, reclamaba el enviado de la ONU para los Océanos, Peter Thomson, en Lisboa. “Estamos en una carretera hacia el infierno”, afirmaba. Sin financiación no hay soluciones. “Necesitamos esos 100.000 millones”. “Es necesario repartir la riqueza y hacer lo que es correcto”, defendía el funcionario de la ONU antes del cierre de la II Conferencia de los Océanos. Un llamamiento que comparten los países en vía de desarrollo, las comunidades originarias y la sociedad civil. Más de 7.000 participantes, 150 delegaciones, una veintena de jefes de Estado y de Gobierno y decenas de horas de discusiones no han convencido a la sociedad civil. “Hemos tenido principalmente palabras, tuvimos pocas acciones y las acciones son lo que realmente necesitamos para proteger el océano”, resumía Laura Meller, de Greenpeace. La hoja de ruta tiene una primera parada en Nueva York, en agosto, para debatir el Tratado Global de los Océanos. “El éxito de esta conferencia se verá en agosto”, advierte Meller. “Espero un nivel de ambición superior en la de Francia”, confía Parmentier. “Dejamos Lisboa con un gran impulso, pero la verdadera prueba de éxito para la II Conferencia de los Océanos vendrá en los próximos meses”, zanja WWF. En el aire, el lamento de las pescadoras africanas: ¿Qué va a pasar si no recuerdan meternos en el diálogo?