Cien mil pesos (23 dólares) y arroz chino para todo el batallón. Eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer ‘falso positivo’ que ejecutó, según dijo este 18 de julio en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa”, comenzó este soldado raso retirado, al que este tribunal especial acusa de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas.

En su relato, durante el primer día de audiencia de reconocimiento de este caso, celebrado en la ciudad de Valledupar (norte), Gómez relató cómo actuó como autor material de asesinatos, el primero de ellos de un supuesto desmovilizado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Siempre obedecí ordenes de mis superiores sin cuestionarlas ”, dijo Gómez.

De esa forma insistió en que en varios de los asesinatos que cometió la orden la dio José Pastor Ruiz Mahecha, uno de los tres coroneles retirados imputados -junto a Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa- en este subcaso por la JEP y que no han aceptado los cargos de crímenes de lesa humanidad.

La JEP emitió su segundo auto de imputación a finales del año pasado -el primero fue contra diez militares y un civil por al menos 120 falsos positivos en el Catatumbo (frontera con Venezuela)- en el que acusó a 15 militares que formaron parte del Batallón La Popa por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.

Todos aceptaron los cargos y deberán comparecer hoy en la audiencia, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación de la Fiscalía de la JEP para un ‘proceso adversarial’, en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

El exsoldado Gómez fue el primero en reconocer su responsabilidad en la audiencia, en la que también habló de su complicidad con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas en esa zona por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y de la implicación de otros oficiales, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, y a los generales retirados Justo Eliseo Peña, Óscar Enrique González Peña y Raúl Antonio Arévalo.

“Así como mis manos están untadas de sangre, ellos, sus soles y sus grados de oficial del Ejército, también están manchados porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el Batallón La Popa”, dijo Gómez, quien confesó que entró al Ejército en los 2000 como infiltrado de la guerrilla de las FARC. Por matar a inocentes les daban “viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y también daban reuniones con trabajadoras sexuales”, relató.

El gobernador del pueblo kankuamo Jaime Luis Arias subrayó ante los magistrados de la JEP y los militares acusados de las ejecuciones la “desarmonización” que ha sufrido su territorio. “Hemos sido víctimas, junto a nuestro territorio, de un proceso histórico y sistemático de violencias, al punto de ser declarado en situación de riesgo de exterminio físico”, señaló. Esta es la segunda audiencia de reconocimiento de ‘falsos positivos’ de exmilitares frente a víctimas y magistrados de la JEP tras la que tuvo lugar a finales de abril en Ocaña (Norte de Santander) y que en este caso estudia los hechos ocurridos en el Caribe.