La imagen de familias palestinas que ven cómo excavadoras custodiadas por policías demuelen sus viviendas son comunes en Jerusalén Este, pero desde que el Gobierno derechista israelí asumió el poder es una realidad aún más patente para muchos palestinos que se vieron forzados a alzar sus hogares sin permiso.

Es el caso de Rateb Mater, palestino de 50 años que hace pocas semanas vio cómo Israel demolía la vivienda donde residía con diez miembros de su familia en Jabal Mukaber, uno de los barrios de la parte oriental ocupada de la urbe más afectados por el derribo de casas palestinas, una vieja política israelí que ahora intensifica el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu y sus socios ultraderechistas.

“Nuestra vida se fue abajo”, dice Mater, que contempla las ruinas de su casa mientras niños de su familia juegan sobre restos de una estructura de dos pisos que quedó reducida a escombros.

Mientras, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presionaba para aumentar las demoliciones como parte de una campaña de mano dura para “restablecer el orden en Jerusalén Este”.

Es la segunda vez que Israel demuele el hogar de Mater, cuya primera casa se destruyó en los noventa por el mismo motivo: no tener permiso de construcción, lo que la hace ‘ilegal’ ante Israel, que derriba estas estructuras regularmente.

Israel ya ha demolido 67 instalaciones palestinas de la urbe este 2023, entre estas más de veinte que eran domicilios, dejando sin hogar a unas 107 personas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

“Hay una tendencia de aumento de demoliciones desde 2019”, señala una portavoz de la ONG israelí Ir Amim, pero con la llegada al poder a fines de diciembre del nuevo Gobierno -el más derechista de la historia de Israel-, la práctica se agrava aún más y refleja la ideología de la coalición, que tiene en su agenda la profundización de la colonización judía en territorio palestino.

De seguir así, alertan analistas, esta dinámica podría poner en riesgo las casas de muchas otras personas, en medio de un fuerte repunte de violencia del conflicto palestino-israelí y mientras crece el malestar contra un Ejecutivo que también acelera el derribo de viviendas familiares de atacantes palestinos como medida punitiva.

La sombra de la demolición afecta a decenas de miles de palestinos de la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980, que por años alzan sus casas sin permisos ante la dificultad de lograrlos.

Muchos intentan obtener licencias para regularizar sus casas desde hace años, pero se entregan a cuentagotas y el Ayuntamiento “impone tantos obstáculos que se hace casi imposible construir legalmente”, dice Meir Margalit, exconcejal en el municipio por el partido izquierdista Meretz y que participó en un grupo contra demoliciones.

Incertidumbre 

Una portavoz de la ONG israelí Ir Amim dice que la mitad de casas palestinas de Jerusalén Este podrían estar levantadas sin permiso, mientras Israel construye y amplía asentamientos judíos con permisos regulados.

La mayoría de palestinos no quiere irse de Jerusalén. “Les pueden demoler la casa o negar permisos, pero no dejan la ciudad aunque después tengan que vivir en una carpa”, remarca Meir Margalit, exconcejal.