Con la incidencia de casos de la COVID-19 marcando récords y la de mortalidad subiendo, varios países de Europa Central están aprobando duras restricciones, hasta el punto de que Austria, por ejemplo, debate ya incluso entre inmunización obligatoria o volver a confinar a toda la población.

Países como Austria o República Checa, que en la primavera de 2020 pasaron la primera oleada con cifras de contagios y muertos muy bajas respecto a Italia o España, se ven más de un año después obligados a restringir la libertad de movimientos, con el denominador común de tasas de vacunación por debajo de la media de la Unión Europea.

Tras meses de inacción ante el bajo nivel de inmunización contra la COVID-19, un 65 %, que el propio Gobierno ha calificado de “vergonzoso”, las autoridades austríacas llevan dos semanas aumentando la presión a los reacios a vacunarse.

Primero, prohibiendo a quien no esté vacunado o sanado ir a locales de gastronomía, ocio o estética. Luego, desde el pasado lunes, con un confinamiento solo para no inmunizados. En las dos semanas que llevan aplicándose las restricciones a no vacunados, el número de primeras dosis ha crecido un 3,4 %, duplicando el ritmo de las dos semanas anteriores. Sin embargo, la cifra de nuevos vacunados es ridícula si se compara con la de ciudadanos que se están poniendo ya la tercera.

En los dos últimos días, por ejemplo, el 65 % de todas las vacunas inyectadas fueron terceras dosis, frente al 21 % de primeras y el 13 % de segundas.

El sociólogo Bernhard Kittel cree que aún es posible convencer con argumentos a una parte de quienes aún no se han vacunado, pero que quedará al menos un 30 % de irreductibles.

“A los antivacunas radicales el confinamiento los ha reforzado en su oposición”, advierte Kittel, director del Austrian Corona Panel Project de la Universidad de Viena, un equipo de científicos que analiza cómo la sociedad austríaca reacciona ante la pandemia.

Con este panorama, el Gobierno austríaco decidirá probablemente hoy extender el confinamiento a toda la población, una medida que ya han anunciado Salzburgo y Alta Austria, las dos regiones donde menor es el índice de vacunación y donde mayor es la incidencia de contagios y el riesgo de colapso del sistema sanitario.

Respecto a la otra estrategia que se debate, la de imponer la obligatoriedad de la vacunación, tanto Czypionka como Kittel dudan de su eficacia. El primero opina que, aparte de dividir a la sociedad, tardará meses en aumentar el porcentaje de población con la pauta completa. Y Kittel cree que aunque esa medida podría elevar en un par de puntos porcentuales la tasa de vacunación, “hay mucha gente que preferirá pagar una multa”. El Gobierno ha anunciado que el personal sanitario estará obligado a vacunarse.

En el resto de la región centroeuropea, República Checa solo permitirá a partir del próximo lunes a personas vacunadas y sanadas de la COVID-19 acceder a bares, restaurantes o reuniones, y estudia reimponer que todas las empresas hagan test a sus empleados.

En Eslovaquia, el Gobierno ha ido más lejos e impondrá que los empleados que no estén vacunados ni hayan pasado la enfermedad tengan que acogerse a vacaciones sin sueldo o, si la empresa lo permite, trabajar desde casa.

En Hungría, el Ejecutivo ha anunciado que pronto obligará a todos los trabajadores públicos a vacunarse, mientras que el Colegio de Médicos ha pedido que se prohíba entrar a restaurantes o cines a quien no tenga certificado COVID. Por ahora la vacuna es la mayor esperanza de vida.