Crisis en EE. UU.: 100 empresarios hablan de falta de mano de obra por deportaciones

Más de cien líderes empresariales de diversos sectores productivos de Estados Unidos se reunieron este miércoles 22 de octubre de 2025  en el Capitolio de Washington D.C. para lanzar una advertencia de emergencia al Congreso: las deportaciones masivas están dejando vacantes ocho millones de empleos y poniendo en peligro la supervivencia de sus negocios. La acción, organizada por la coalición bipartidista The American Business Immigration Coalition (ABIC), busca presionar a los legisladores para que aprueben una reforma migratoria que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, esenciales en industrias como la agricultura, la construcción y la hotelería.

El desafío de ocho millones de puestos vacantes

Según la ABIC, la escasez de mano de obra se ha agudizado debido a la campaña antiinmigración, impulsada por el presidente Donald Trump, que ha llevado a la deportación o al ocultamiento por miedo de miles de trabajadores. Rebecca Shi, CEO de ABIC, destacó que la economía estadounidense "no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que impulsan las industrias".

La falta de trabajadores ha tenido consecuencias directas en el consumidor, pues está "aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos".

Los sectores más afectados son aquellos con alta dependencia de la fuerza laboral migrante, como la industria láctea (donde el 51% de los trabajadores son migrantes), el envasado de productos cárnicos (45%) y la construcción (29%).

La propuesta de Ley en debate

Como solución, los empresarios abogan por la aprobación del proyecto de ley bipartidista conocido como Dignity Act (Ley de la Dignidad), presentado por la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, y la demócrata de Texas, Verónica Escobar.

Detalles del Dignity Act: La versión más reciente del proyecto elimina una vía directa a la ciudadanía, pero ofrece un estatus de "dignidad" o permiso legal para residir y trabajar en EE. UU. a los migrantes que cumplan ciertos requisitos: llevar más de cinco años en el país, carecer de antecedentes penales y pagar una multa de 7.000 dólares. Además, se penaliza con la apropiación del 1% de sus salarios durante un plazo de siete años.

La congresista Salazar, presente en la reunión, calificó la situación actual de "desastre" y advirtió que la campaña de deportaciones dañará al Partido Republicano en las próximas elecciones.

Disidencias demócratas

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, también se reunió con los empresarios y criticó a su propio partido por una "concepción equivocada" de la postura de los votantes latinos, especialmente en la frontera, donde muchos abogan por un control migratorio más estricto. Gallego defiende una aproximación más moderada a la reforma, proponiendo conceder un estatus legal de permanencia sin necesidad de la ciudadanía inmediata para poder avanzar en la agenda migratoria con la Administración Trump.

La presión concertada de más de 100 ejecutivos subraya que la crisis migratoria ha trascendido el debate político para convertirse en una amenaza económica concreta que afecta desde los precios de los alimentos hasta la construcción. A pesar del apoyo bipartidista al Dignity Act entre algunos legisladores, su aprobación sigue siendo incierta en un Congreso polarizado.

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