‘Crimigración’: La última jugada de Trump para justificar expulsión de migrantes

En los primeros meses de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política migratoria con una estrategia que expertos denominan “crimigración”. Este término, que fusiona las nociones de criminalidad e inmigración, describe un enfoque que busca vincular a los migrantes, independientemente de su estatus legal, con actividades delictivas para justificar deportaciones masivas.

¿Qué es la "crimigración" y cómo se aplica?

La "crimigración", un concepto acuñado en 2006 por la profesora Juliet Stumpf, se refiere a la intersección entre el derecho penal y las leyes migratorias. En el contexto actual, la administración Trump ha ampliado esta práctica al tratar a los migrantes como potenciales criminales, incluso sin pruebas contundentes. Según expertos, el gobierno está utilizando antecedentes penales menores, como infracciones de tránsito, o meras sospechas basadas en perfiles raciales o nacionales, para justificar detenciones y deportaciones.

Un ejemplo claro es la criminalización de la entrada sin documentos, que históricamente se consideraba una falta civil. Ahora, esta acción se castiga con mayor severidad, especialmente contra personas de ciertas nacionalidades o grupos raciales. Esta estrategia no solo afecta a migrantes indocumentados, sino también a residentes legales, incluidos aquellos con Estatus de Protección Temporal (TPS) o permisos humanitarios, quienes enfrentan un escrutinio sin precedentes.

Acciones concretas de la administración

Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, Trump ha implementado medidas que refuerzan la narrativa de la "crimigración". Una de las más controvertidas es la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma poco utilizada que permite deportaciones sin un proceso judicial completo. Esta ley se ha empleado para justificar la expulsión de migrantes señalados como amenazas, a menudo sin evidencia sólida. Por ejemplo, se han reportado casos de venezolanos con TPS (Estatus de Protección Temporal) que viven con temor a ser deportados debido a acusaciones vagas de vínculos con el crimen organizado.

Otra táctica ha sido la “Iniciativa de Estudiantes Criminales Extranjeros”, que resultó en la exclusión de estudiantes universitarios internacionales, pérdida de empleos y deportaciones voluntarias. Esta política, basada en búsquedas automatizadas en bases de datos criminales sin revisión individual, ha sido criticada por jueces federales por violar el debido proceso.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) transformó la aplicación CBP One en CBP Home, para que ahora los migrantes reporten su intención de “autodeportarse”. Esta medida busca presionar a los migrantes a abandonar el país voluntariamente, evitando procesos legales prolongados. También se han reportado redadas en lugares de trabajo y comunidades, generando miedo en espacios tradicionalmente considerados seguros, como escuelas e iglesias.

Impacto en la percepción de los migrantes

La narrativa de la "crimigración" no solo busca facilitar deportaciones, sino también moldear la opinión pública. Al asociar a los migrantes con la criminalidad, la administración fomenta una percepción de amenaza que justifica medidas extremas. Sin embargo, encuestas recientes, como una del Centro de Investigación de Asuntos Públicos, muestran que los estadounidenses están divididos: algunos apoyan las deportaciones masivas, pero otra proporción similar se opone. Esto sugiere que, aunque la retórica de Trump resuena con una parte de la población, no cuenta con un respaldo total.

¿Hacia dónde va esta política?

La estrategia de "crimigración" plantea preguntas sobre su sostenibilidad legal y económica. Expertos advierten que las deportaciones masivas requieren recursos masivos, incluyendo miles de millones de dólares y una expansión significativa de la fuerza laboral de ICE. Además, errores como la deportación errónea de un salvadoreño a una prisión de alta seguridad en El Salvador han generado críticas por la falta de precisión en los procesos.

Mientras los tribunales continúan revisando estas políticas, el futuro de la "crimigración" dependerá de la capacidad del gobierno para sortear los desafíos legales y de la respuesta de las comunidades afectadas. Por ahora, la administración Trump parece decidida a mantener la presión, utilizando la criminalización como una herramienta central para cumplir su promesa de expulsión masiva.

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