
Condenan en Chile a 34 miembros del Tren de Aragua a penas que suman 560 años
En el país del sur del continente consideran histórica esta sentencia
Una corte de Chile impuso condenas que suman casi 560 años de cárcel a 31 venezolanos y tres chilenos que integraban el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano que Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas, informó la fiscalía este jueves 6 de marzo de 2025.
"En el marco de un histórico juicio oral en el país contra el crimen organizado transnacional, la fiscalía de Arica obtuvo distintas penas que suman cerca de 560 años de presidio efectivo", señaló el organismo en un comunicado.
Los 34 sentenciados, uno de ellos a cadena perpetua, formaban parte de Los Gallegos, "brazo armado" del Tren de Aragua en Chile, de acuerdo con la fiscalía.
La justicia los envió a prisión por homicidio, secuestro, tráfico de armas y asociación ilícita, entre otros delitos.
Tres líderes de la banda recibieron condenas que van de los 32 a 44 años. El sentenciado a prisión perpetua no formaba parte de la cúpula de Los Gallegos, agregó la autoridad.
Los cuatro son venezolanos.
El dictamen fue leído en una audiencia sin acceso a la prensa y bajo fuertes medidas de seguridad, que se llevó a cabo en la ciudad de Arica, ubicada unos 2.000 km al norte de Santiago, donde operaba la organización.
NO SE PUEDE DAR POR SENTADO QUE ESTÁN DESARTICULADOS
En 2022, la policía asestó el primer golpe contra Los Gallegos, con la captura de 19 condenados este jueves, dijo a la AFP una fuente de la fiscalía. Los demás fueron detenidos en operaciones posteriores.
Sin embargo, el jefe del ministerio público en Arica, Mario Carrera, dijo que no se puede dar por desmantelada esta facción del Tren de Aragua.
"No tenemos antecedentes de que sigan operando hoy en territorio nacional, pero esto no significa que no puedan estar haciéndolo", dijo Carrera a periodistas en Santiago.
Al igual que la audiencia de este jueves, el "megajuicio oral" se realizó bajo fuertes medidas de seguridad entre el 22 de abril y el 19 de noviembre del año pasado.
El fiscal titular del caso, así como su equipo de trabajo "siguen con sus medidas de protección" tras recibir amenazas para él y sus familias, confirmó Carrera.
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