Ambientalistas brasileños prevén una batalla judicial contra la ley de licenciamiento

Los ambientalistas brasileños alertan sobre el impacto “desastroso” que puede tener el proyecto de ley de licenciamiento ambiental aprobado en la madrugada de este jueves 17 de julio de 2025, por la Cámara de Diputados, y se preparan para una batalla judicial para intentar frenarlo.

"Es el mayor retroceso legislativo en los últimos 30 años en Brasil", afirma el director del Observatorio del Clima, Marcio Astrini.

Este revés llega además en un momento en que Brasil se prepara para acoger la cumbre mundial del clima (COP30), en la ciudad amazónica de Belém, en noviembre.

Los defensores de la medida aseguran que es necesaria para destrabar cientos de obras importantes, paralizadas ante los atrasos en la concesión de permisos.

En esa línea, el relator del proyecto, el diputado Zé Vítor, del mismo partido que el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo durante el debate que lo que se busca es “vencer la burocracia”.

Sin embargo, Astrini apunta que, si bien el proceso de licenciamiento puede ser mejorado, esta medida, en vez de “desburocratizar”, “extingue” el sistema de permisos y abre las puertas a "estragos irreversibles" en la naturaleza.

Autolicencias: obras sin estudios

Entre los elementos que más preocupan, está la Licencia por Adhesión y Compromiso, que exime a las obras con potencial contaminante “bajo o medio” de un estudio previo para poder arrancar.

A través de este permiso, bastará que los interesados describan el proyecto y lo que ellos consideren como impactos, algo que los ambientalistas equiparan a un “autolicenciamiento”.

Según la norma, posteriormente, los órganos ambientales podrán seleccionar una "muestra" para verificar la información presentada.

Las ONG consultadas por EFE estiman que entre el 80 % y el 90 % de los proyectos, desde granjas bovinas a hidroeléctricas, podrán aspirar a este procedimiento.

Por otro lado, serán las administraciones regionales, no el Gobierno federal, quienes definan qué actividades son consideradas de “bajo o medio” impacto, lo que lleva a una fragmentación de la legislación, según los activistas.

“En una región una actividad podrá ser de medio impacto y en otra de alto, y eso puede provocar una competición entre ellas para ver quién pide menos exigencias”, señala la especialista Ana Crisostomo, de la ONG WWF.

La exploración de petróleo, en el foco

La norma, además, crea un segundo tipo de procedimiento exprés, la Licencia Ambiental Especial (LAE), pensada para proyectos considerados “estratégicos” por el Gobierno central.

El análisis de estas iniciativas tendrá que ser concluido en un máximo de un año por parte de los organismos ambientales, que solo podrán pedir información adicional una única vez.

Según Crisostomo, esto aumentará la presión política sobre los técnicos para aprobar los proyectos.

Detrás de la creación del permiso está el empuje de legisladores y una ala del Gobierno para impulsar la exploración de petróleo en una área marítima situada a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, cuyas licencias aún no han sido aprobadas ante la extrema sensibilidad de la región.

Los retrasos han provocado la frustración de políticos de la Amazonía, como el influyente presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien propuso la creación de la LAE, pero también del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ha quejado de la "cantinela" de los técnicos.

División del Gobierno y partidos aliados

La tramitación del proyecto de ley ha expuesto las divisiones entre el Ministerio de Medio Ambiente, claramente contrario, y otras dependencias como Agricultura o Energía, que han guardado silencio durante el proceso.

Esa división quedó reflejada también en la Cámara Baja, donde el Partido de los Trabajadores de Lula votó en contra del proyecto, mientras otras formaciones de centroderecha con presencia en el Ejecutivo lo apoyaron.

La aprobación fue por 267 votos a favor y 116 en contra, un resultado contundente que se daba como cierto, dado el peso numérico de los parlamentarios que defienden los intereses del sector agrícola.

Lula tiene ahora 15 días para decidir si veta el proyecto de ley y lo devuelve al Congreso, como reclaman las ONG.

Pero, incluso si usa el veto, el Congreso puede rechazarlo por mayoría absoluta, por lo que la principal apuesta de los ambientalistas es hacer campaña para que algún partido denuncie ante la Corte Suprema y participar en el proceso como tercera parte interesada.

“La judicialización es inevitable porque hay puntos inconstitucionales”, zanja Gabriela Nepomuceno, portavoz de Greenpeace.

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