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Entrega de ayuda humanitaria en Afganistán, en medio de la preocupación por el nuevo Código Penal que habilita la violencia contra las mujeresEFE

Afganistán: Nuevo Código Penal permite la violencia contra las mujeres

El régimen talibán oficializa la violencia contra la mujer: solo 15 días de cárcel por causar fracturas o lesiones

El sistema legal en Afganistán ha dado un vuelco hacia el pasado más oscuro. Bajo el mando del líder supremo Hibatullah Akhundzada, el régimen talibán ha promulgado un nuevo Código Penal que no solo erosiona los derechos fundamentales, sino que, en la práctica, legaliza la agresión física contra mujeres e hijos. La normativa ha despertado un repudio unánime en la comunidad internacional, que observa con alarma cómo la violencia doméstica se convierte en un acto con sanciones meramente simbólicas.

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La desproporción: Más valor a los animales que a las mujeres

El contenido del Artículo 32 es, para los expertos en derechos humanos, el punto de mayor quiebre ético. La norma establece que si un hombre golpea a su esposa hasta provocarle fracturas, heridas graves o hematomas visibles, la pena será de apenas 15 días de prisión. Esta sanción, además de ser mínima, está sujeta a que la víctima logre la proeza de probar los hechos ante un juez en un sistema judicial profundamente patriarcal.

La gravedad de esta disposición se acentúa al compararla con el Artículo 70 del mismo cuerpo legal. Mientras agredir a una mujer se salda en dos semanas, provocar peleas entre animales conlleva una pena de cinco meses de cárcel. Esta asimetría jurídica evidencia que, bajo el yugo talibán, la integridad de una mujer tiene menos valor legal que el orden público relacionado con el entretenimiento animal.

La nueva estructura de clases en el marco legal

Más allá de la violencia física, el nuevo marco penal introduce una estructura social regresiva que liquida el principio de igualdad ante la ley. El régimen ha decidido dividir a la sociedad en cuatro categorías: clérigos, élite, clase media y clase baja.

Bajo este esquema jerárquico, la gravedad de un delito y la severidad del castigo no se miden por el daño causado a la víctima, sino por la posición social del victimario. Esta estratificación no solo profundiza la desigualdad, sino que garantiza impunidad para los sectores cercanos al poder, dejando a las mujeres y a las clases desfavorecidas en una situación de absoluta indefensión jurídica.

La consolidación de un sistema de discriminación

Organizaciones internacionales y analistas coinciden en que este Código Penal no es un hecho aislado, sino la piedra angular de un sistema diseñado para normalizar la discriminación. Al despojar a la mujer de protección legal mínima y establecer privilegios por castas, el régimen talibán consolida un Estado donde el derecho humano es sustituido por la arbitrariedad religiosa y social.

El desplome del estado de derecho en Afganistán plantea ahora un desafío urgente para los organismos globales, que advierten que estas leyes son una sentencia de vulnerabilidad perpetua para millones de afganas que, desde ahora, están legalmente desamparadas ante sus agresores.

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