Mujeres que luchan por la verdad
Los ataques. Durante el mandato de Rafael Correa, muchas mujeres fueron atacadas verbalmente por sus posturas y declaraciones.
El amor por sus seres queridos y por defender sus ideales las ha llevado a enfrentarse por años al poder en busca de justicia. Una por su hijo, otra por su esposo, la tercera por su libertad y la cuarta por su buen nombre y los derechos de la naturaleza.
Patricia Ochoa, Alexandra Córdova, Mery Zamora y Martha Roldós le plantaron la cara al Poder Ejecutivo y al Judicial, con la frente en alto y sin desmayar en sus propósitos, empujadas, en unos casos, por el amor y, en otros, por estar en contra de las arbitrariedades.
Patricia Ochoa lucha desde diciembre de 2010 para demostrar que su esposo Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), fue asesinado en ese mes por denunciar las irregularidades en las compras de los siete helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se cayeron y otros tres están en tierra con la disposición de no surcar los aires nunca más.
Alexandra Córdova comenzó su periplo por entidades policiales y judiciales desde mayo de 2013, cuando desapareció su hijo David Romo en Quito, en un bus de retorno a su casa desde la universidad.
Mery Zamora, la expresidenta de la jurídicamente desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE), sintió la persecución del gobierno después de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, que el régimen de Rafael Correa calificó como un intento de golpe de Estado. Cinco años bregó para demostrar que era inocente de la acusación de rebelión y sabotaje.
La última de estas cuatro mujeres es Martha Roldós, defensora de los derechos de la naturaleza y opositora al régimen, a quien acusaron de ser espía de la CIA y de estar creando medios para atentar contra la seguridad del Estado.
Las cuatro han tenido el mismo objetivo: luchar por la verdad y la justicia.
En busca del autor intelectual del crimen
Siete años y medio después del asesinato de su esposo, Patricia Ochoa logra que se diga que el general Jorge Gabela fue asesinado no por la delincuencia común, como se quiso hacer creer en el gobierno de Rafael Correa, sino por una delincuencia organizada por la compra de los helicópteros Dhruv. No solo lo confirma el perito Roberto Meza Niella, quien hizo el informe y rindió su versión en la Fiscalía, sino la administradora del contrato que hizo el pago de los tres productos.
Aunque ahora hay luces en el caso, y la Fiscalía abrió una investigación, ella dice que la lucha todavía será larga porque no aparece el informe y ahora peleará hasta que salga a la luz. La esperanza, ha dicho, es que se levante el compromiso de confidencialidad del contrato. Luchará, asegura, hasta que se descubra a los autores intelectuales del crimen de su esposo.
No descansará hasta saber qué pasó con David
Su pelea ha sido incansable por conocer qué pasó con su hijo David Romo. Alexandra Córdova ha dedicado sus últimos cinco años a averiguar cómo se perdió en el bus de retorno a casa el 16 de mayo de 2013 y terminó en un centro de tratamiento para adictos del que no salió con vida.
Alexandra en agosto de 2017 logró ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el caso después de agotar todas las instancias nacionales. Ese organismo anunció una investigación.
Hasta ahora, Alexandra considera que lo único que ha obtenido de la justicia ecuatoriana son verdades a medias y un cúmulo de cosas en el aire. Hay seis procesados en el caso, entre ellos los presuntos dueños de la clínica y dos expacientes, que han sido llamados a juicios. Espera que al menos allí salga a flote la verdad.
Sufrió cinco años de persecución por ser de la UNE
El 30 de septiembre de 2010, Mery Zamora estaba en el colegio Aguirre Abad como presidenta de la Unión Nacional de Educadores cuando estalló la revuelta policial. Las protestas, el caos en las calles, la suspensión de vuelos y el entonces presidente Rafael Correa atrincherado en el hospital policial de Quito, anunciando por televisión que estaba secuestrado, salpicaron a Zamora. Ella fue acusada de incitar a los estudiantes del Aguirre Abad a salir a protestar. El delito: rebelión y sabotaje. Aunque el 5 de junio de 2011 el juez José Tamayo desestimó y archivó la causa, esta fue reabierta tres meses después y el 13 de junio de 2012 se le dictó el auto de llamamiento a juicio. En 2013 la condenaron a 13 años de cárcel. La apelación le fue negada, pero en la audiencia de casación, en 2015, se declaró su inocencia. Según ella, fue una persecución por ser de la UNE.
El gobierno la acusó de espiar para la CIA
Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, Martha Roldós estuvo del lado de la oposición, como asambleísta, activista social y defensora de los derechos de la naturaleza y de los indígenas de Dayuma, que fueron acusados de rebelión por protestar contra la explotación minera. Ella dijo que Correa ordenó el ataque a ese pueblo indígena.
En 2013, un hackeo a su cuenta de correo electrónico puso en evidencia la persecución en su contra. Y fue cuando salió a la luz la supuesta creación de un proyecto mediático en Panamá, con el que se pretendía desestabilizar al régimen. Los medios públicos dieron gran despliegue a esa carta. Martha Roldós fue acusada de ser aliada de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que se dijo era la financista del proyecto. Fue atacada por las redes sociales y hasta le sugirieron que usara una soga para suicidarse.
