Entre representantes de organizaciones feministas hay escepticismo en que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se elegirá el 5 de febrero, tenga un desempeño acorde a los valores y objetivos que lo crearon; y que las mujeres que lleguen a conformarlo marquen una diferencia positiva.

Además de prefectos y alcaldes, el mes próximo el país elegirá a los siete miembros del nuevo CPCCS: tres hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos, nacionalidades y migrantes. Para las tres plazas femeninas hay 17 aspirantes.

“Si lo valoramos conceptualmente, tiene cuatro grandes ejes de trabajo: luchar contra la corrupción, promover la participación ciudadana; generar mecanismos para que la gente haga contraloría social; y designar autoridades de manera ética y transparente”, recuerda Karina Ponce, presidenta del colectivo de defensa de los derechos femeninos Mega Mujeres.

A su criterio, si se cumpliera la ley, el organismo tendría una razón de existir. Pero estima que más bien ha estado conformado por personas que han obedecido a partidos o instancias políticas, pese a que estaban llamadas a ser independientes.

“Más allá del diseño conceptual, ha sido una vergüenza que las personas que han llegado a este espacio de representación pública, lo hayan hecho ajenos a los intereses colectivos, con una premisa mezquina que ha sido la obediencia, el padrinazgo con quien los mantenga en el cargo”, expresa Ponce.

Es escéptica de que esto cambie con los nuevos consejeros que se elijan el 5 de febrero, pues recuerda que, por el contrario, hay algunos candidatos que abiertamente se promocionan y “son promocionados por partidos o caciques políticos”.

Cecilia Endara, presidenta en Guayas de la Corporación Ecuatoriana de Cooperación e Inclusión de las Mujeres (Cecim), comparte esos reparos. Y también cree que el CPCCS perdió su esencia o razón inicial.

“Quiero que recuerden todas las candidatas cómo surgió el Consejo de Participación: surgió de la Comisión Anticorrupción, que la integraban no personas peluconas, sino mujeres de pueblo, que lograron que se aplicara la Ley de Maternidad Gratuita. Para eso se creó Participación Ciudadana, para defender los derechos de hombres y mujeres”, enfatiza la exdirectiva de la fundación María Guare.

Cita también a los trabajadores, organizaciones de derechos humanos, comités barriales, entre otros grupos que impulsaron la Comisión Anticorrupción. “Lo que quisiera de las candidatas es que regresen a esa época y cumplan con ese deber. Si ellas están dispuestas a eso, entonces qué bueno que ingresen al CPCCS; pero si solo es para designar a las autoridades de control que después no controlan, ahí si no quiero que siga”.

A su criterio, para eso también es importante la independencia política en su función. Tienen que dejar de ser apegadas a un partido y ser personas que en verdad vayan a trabajar por el bienestar común.

“Lamentablemente, sacan tajada porque forman parte de un partido y si el partido les dice voten de tal forma, votan así sin ningún discernimiento”, agrega.

Ambas coinciden en la responsabilidad del elector, incluso antes de votar, informándose sobre quiénes son las candidatas y cuál ha sido su aporte al país.

Como informara este Diario en una publicación anterior, pese a que todas son profesionales, entre las aspirantes hay una mayoría que no suele presentar declaraciones de impuesto a la renta o que pagan cero tributos. Y el 95 % de ellas ha laborado en alguna entidad pública. Seis de ellas, en el propio Consejo de Participación Ciudadana.

De allí que Ponce ni siquiera destaque como positivo que ahora haya 17 candidatas frente a las 13 de 2019: “No necesariamente eso nos causa felicidad, que participen más; nos causará felicidad cuando participen más ciudadanas comprometidas con el desarrollo del país”.

Lea aquí: CPCCS: impuestos, la piedra de toque de la mayoría de candidatas.