Las instituciones democráticas de Venezuela están en ruinas, sus arcas vacías. Los venezolanos mueren de hambre, de enfermedades evitables y curables, y por hechos de violencia, en algunos casos, baleados por su propio gobierno. Más de tres cuartas partes de sus 31 millones de habitantes quieren liberarse de sus gobernantes, no más de 150 figuras cuasimafiosas (en su mayoría militares) que secuestraron la democracia venezolana, saquearon el país y generaron una devastadora crisis humanitaria. El régimen, fundado por Hugo Chávez y hoy liderado en su decimoctavo año por Nicolás Maduro, prefiere mantener todo un país secuestrado antes que perder el poder y ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuánto más podrá mantenerse en el poder? Hace tiempo los venezolanos buscan activamente un cambio de gobierno. En la elección parlamentaria de diciembre de 2015, dos de cada tres votantes dieron su apoyo a la oposición democrática. Eso tendría que haber permitido ir relajando el férreo control del Estado por el régimen y restablecer la independencia y separación de poderes públicos prevista por la Constitución el mismo Chávez. Pero el régimen procedió a debilitar sistemáticamente la Asamblea Nacional, con fallos de un Tribunal Supremo que antes llenó de incondicionales, usando la legislatura saliente. A fines de marzo, el Tribunal Supremo se arrogó todos los poderes de la Asamblea y hasta la fiscal general, la chavista Luisa Ortega Díaz, denunció una “ruptura del orden constitucional”. Los enardecidos venezolanos llevaron su oposición a las calles. El 1 de abril comenzó una serie de protestas casi diarias en demanda de otra elección general, pese al peligro mortal que supone cualquier expresión pública de protesta. Hace poco Maduro anunció que si el régimen no puede conseguir los votos necesarios para conservar el poder, apelará a las armas y convocó por decreto presidencial (en vez de referendo) a la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Constituyente que deberá redactar una nueva constitución “comunal”. Las manifestaciones se han convertido en una rebelión popular y los venezolanos piden a las FF. AA. la destitución del régimen gobernante. Se dan cuenta de que representantes designados por el régimen podrían aprobar una Constitución marxista-leninista que complete la transformación de Venezuela en una segunda Cuba en menos de un mes. ¿Seguirá el resto del mundo de brazos cruzados? En la pasada Asamblea General de la OEA catorce países presentaron un borrador de resolución para iniciar un diálogo con el régimen venezolano, pero la propuesta no prosperó. Envalentonado, el régimen venezolano incrementó la violencia contra los manifestantes y organizó una parodia de golpe de Estado contra sí mismo. La oposición respondió con la organización, por medio de la Asamblea Nacional, de un referendo oficial. Los venezolanos podrán así hacer oír su voz en relación con el plan de Maduro de reformar la Constitución y enfatizar de nuevo el pedido opositor de nuevas elecciones, restauración plena de la independencia y separación de poderes públicos, y formación de un gobierno de unidad nacional. La votación tendrá lugar mañana 16 de julio en todas las iglesias de Venezuela y con la presencia de observadores internacionales. En este contexto, un acuerdo a través de la OEA o en el Consejo de Seguridad de NN. UU. sería difícil de rechazar. De resultar exitoso, significaría devolverle su país a los millones de venezolanos que sufren y son oprimidos por este régimen criminal.