En medio de la discordia apareció una coincidencia esencial. El presidente, Lenín Moreno, emitió ayer en la noche el Decreto 894 y dejó sin efecto la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel que vuelven a su precio anterior.

Con esto, se cumple el primer punto del acuerdo que logró el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la noche del domingo, y cuyo cumplimiento está bajo la observación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Naciones Unidas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este último por pedido público de los indígenas.

El decreto con la derogatoria no pudo ser elaborado el mismo día domingo, como pedían los indígenas, porque varios procesos como la valoración jurídica y técnica, además de las codificaciones de la normativa deben pasar por la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

“Tendrán que normalizarse (volver a su estado anterior) todas las tarifas de la gasolina, diésel, los pasajes y si hubo alza en los productos de primera necesidad tienen que normalizarse”, dijo ayer el presidente de la Conaie, Jaime Vargas antes de conocer la decisión presidencial.

En el segundo punto del Decreto, el presidente dispone la elaboración de una nueva normativa que permita “una política de subsidios con enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorización”. Mientras esto se resuelve, los precios de la gasolina extra y del diésel volverán a los valores previos al 1 de octubre, cuando se emitió el Decreto 883, que desembocó en las protestas callejeras. Los precios volvieron a los valores anteriores desde la media noche de hoy.

En este punto, que además es el último del acuerdo logrado el domingo, los indígenas concuerdan que en un futuro existe la necesidad de revisar los subsidios que persisten sobre ambos tipos de combustibles.

El dirigente de Cotopaxi, Leonidas Iza, señaló ayer que sí hay que trabajar en la política de subsidios “porque no es posible que los combustibles subsidiados sean aprovechados para contrabando y narcotráfico. Tampoco puede ser que los que tienen más se aprovechen de este beneficio”, señaló.

Esto coincide con el discurso del Gobierno que justificó la emisión del Decreto 883, entre otras cosas, para frenar el tráfico de gasolina y diésel por las fronteras, que deja millonarias pérdidas para el Estado y ganancias para grupos delictivos.

Quiénes están trabajando en la elaboración de este nuevo decreto junto al Gobierno, de lado de la Conaie, es un secreto. Ayer, los dirigentes omitieron hablar sobre la identidad de sus representantes.

Sin embargo, uno de ellos sería el exviceministro de Economía, Pablo Dávalos, que el día de la negociación se sentó del lado de los dirigentes indígenas. Ayer, escribió: “se plantea a futuro un nuevo decreto que establecerá una nueva forma de racionalizar subsidios sin afectar a los pobres y sin alterar la economía”. En las mesas técnicas también se pudo ver al expresidente de la Conaie, Jorge Herrera, entre otros dirigentes.

En la misma línea se pronunció el presidente Moreno que, en su cuenta de Twitter, informó: “En las próximas horas derogaré el Decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz. Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”.

Fuera de estos dos puntos, no hay nada más en el acuerdo. Por ejemplo, la salida del gabinete de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, es más un pedido que un consenso con el Ejecutivo. Ayer, Vargas insistió en que el despido de ambos funcionarios, a los que acusa de haber reprimido con violencia a los manifestantes, constituiría un acto de justicia del Gobierno de Moreno.

Para hoy, fueron convocados por la CCE y Naciones Unidas los sindicatos de trabajadores para iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno. Los integrantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmaron ayer que acudirán al llamado de los mediadores. Los sindicalistas piden que el Gobierno se abstenga de enviar a la Asamblea el proyecto de Reforma Laboral, sin que antes exista un consenso con las organizaciones sociales.