La opinión pública fue agitada hace pocos días por la noticia de cobros indebidos por la exvicepresidenta de la República cuando ocupó las funciones de legisladora. Sus explicaciones, justificando esos cobros como “contribuciones voluntarias de la militancia”, y aduciendo que la denuncia del perjudicado no era sino una reacción ante la respuesta negativa de ella frente a presiones para conseguir cargos, incrementaron las dudas sobre la utilización de prácticas contrapuestas a los procedimientos éticos en que se debe fundamentar el ejercicio de la función pública. Tal situación, que se suma a la enorme cantidad de desafueros y oscuridades en que han incurrido muchos de quienes han ocupado funciones oficiales, por elección o designación, y que concluyó con la renuncia de aquella, abona para que en los distintos sectores de nuestra sociedad se fortalezca la convicción de que la política es sinónimo de deshonestidad y latrocinio, y que su ejercicio es la mejor oportunidad de enriquecimiento rápido.

Se trata de un estado de desprestigio de la política, de debilitamiento moral de su práctica y de incredulidad respecto al papel que cumplen los sujetos que se desenvuelven en aquella, tanto los vinculados al poder como los que pugnan para hacerse con él.

El incremento del número de denuncias y la profundización de la probable responsabilidad de los implicados son factores que, sin duda, van a incidir en el ánimo de la población, a generar manifestaciones de rechazo y a impulsar actitudes sostenidas de exigencia para que las diversas funciones de control actúen, para que los organismos judiciales decidan de manera rápida y tajante y para que muchos de los casos en investigación y procesos que parecen haberse detenido, se dinamicen y concluyan en resultados concretos, en sanciones específicas y en recuperación de los millonarios valores sustraídos.

La imagen del Estado está en juego y el país espera que con la designación del nuevo vicepresidente, la política, desde aquel, surja como un ejercicio ético y moral.