Un monopolio portuario
Guayaquil acogió con simpatía la decisión gubernamental de contratar la construcción de un puerto de aguas profundas en Posorja. Luego de los titubeos propios de ese tipo de definiciones, en ocasiones más vinculadas a diverso género de intereses y no a las determinaciones de la técnica o a la garantía de los propósitos que se intenta satisfacer, fue grato conocer que el sitio señalado correspondía a aquel por el cual se venía pugnando desde diversas instancias públicas y privadas.
En efecto, por una serie de razones, que no es del caso repetir ahora, Posorja ofrece las mejores condiciones para justificar en sus aguas la ubicación de la imprescindible infraestructura portuaria y, en razón de sus antecedentes, parecía una buena decisión llevarla adelante con una empresa como DP World.
Requerida la misma para garantizar el desarrollo de la ciudad y su región es, al tiempo, razón de su pujanza la necesidad de iniciar la magna obra. Expresado de otra manera, Guayaquil y su zona de influencia justifican el puerto en esa localización y hacerlo allí le otorga certeza al porvenir de la urbe huancavilca y su “hinterland”.
Resulta ahora, sin embargo que, tal cual ha debido dar a conocer el alcalde del cantón, ciertos condicionamientos realizados por la potencial empresa constructora, que en su momento no fueron aceptados, a la fecha han vuelto a plantearse como requisito para concretar la contratación.
Dado que, sintetizando, se trataría de instaurar un inaceptable monopolio, perjudicial además para los intereses de la comunidad, puesto que al destruir el sistema de transporte -que actualmente constituyen los puertos ya existentes- verían elevarse sus costos de operación, lo cual sería trasladado al precio de los productos, conviene que no se dé paso a esa posibilidad.
Bienvenida ha sido y debe seguir siendo toda inversión extranjera que se desee hacer en el país, más todavía con las inocultables dificultades enfrentadas por la situación económica por la que atraviesa el Ecuador pero, resulta repudiable que pretendan aprovecharse de ella para imponer condiciones leoninas que busquen el beneficio de solo una de las partes: DP World y sus representantes nacionales.
Bien harían el Gobierno y la empresa en mención en dejar perfectamente esclarecida la contratación.
