Cada vez que una autoridad del Ministerio de Justicia abre la boca para explicar el funcionamiento del sistema de monitoreo de los grilletes electrónicos el resultado es mayor confusión e incertidumbre. La presencia del ministro Paúl Granda y la exministra Rosana Alvarado en la Asamblea, la tarde del jueves, no fue la excepción: oscurecieron lo que debían aclarar. Entre las contradicciones en que incurren las versiones oficiales y las preguntas que con sospechosa insistencia dejan sin contestar, la única certeza pública es que no hay certezas.

Esta historia comienza, como la de tantas contrataciones del período correísta (radares chinos, aviones sudafricanos, helicópteros indios...), con la compra de un equipo de dudosas características técnicas. Los grilletes provistos por la China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) trabajan (a diferencia de los sistemas de monitoreo que sí funcionan, como el de la flota pesquera que recordó el asambleísta César Rohón) mediante una plataforma de telefonía celular. Es decir que en un área sin cobertura son inoperantes. Le bastaba a Fernando Alvarado con salir de paseo campestre o agazaparse en un recodo de la avenida Simón Bolívar en Quito (como en efecto hizo) para desaparecer del mapa.

El contrato con la CEIEC, firmado por Ledy Zúñiga en agosto de 2016, incluía los 4 mil dispositivos, la instalación del sistema y el monitoreo, que se efectuó a través de la plataforma de Conecel (Claro). Los chinos cumplieron su parte del trato, pero no es de extrañar que lo hicieran mal. Las deficiencias técnicas fueron advertidas por Roberto Vaca, gerente técnico del proyecto, en un informe que reposa en la Comisión de Justicia de la Asamblea: que no era posible desencriptar la información, decía. Y el examen especial de la Contraloría señala problemas específicos de monitoreo: según los auditores, no había parámetros técnicos para el intercambio de información entre el Ministerio de Justicia y el ECU 911. De hecho, los grilletes reportaban una ubicación al Ministerio y otra diferente al ECU 911.

El contrato con CEIEC para el monitoreo venció el 25 de febrero de este año. Rosana Alvarado, en ese entonces ministra de Justicia, lo volvió a contratar con la misma plataforma de telefonía celular (Conecel) el 13 de abril. ¿Qué ocurrió en marzo? No hubo poder humano que le hiciera responder eso a la exministra. Los asambleístas Franklin Samaniego, primero, y Lira Villalba, después, insistieron en la pregunta. Infructuosamente. Peor aún: el nuevo contrato tenía un plazo de seis meses, es decir que venció el 13 de octubre. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Se renovó el contrato? ¿Se lo prorrogó? ¿Se firmó uno diferente? Nuevamente Samaniego y Villalba plantean la cuestión y nuevamente Rosana Alvarado y Paúl Granda evaden la respuesta. Se limitan a decir que el sistema sigue operando. Pero ¿cómo?

13 de octubre: es la fecha a partir de la cual la actividad del grillete que portaba Fernando Alvarado cesó casi por completo, hasta el extremo de que el fiscal Paúl Pérez llegó a pensar, lo dijo en la Asamblea, que estaba apagado.

¿Se puede aportar más confusión a este panorama? Sí, basta con llamar a otro ministro. O viceministra, para el caso: Liliana Guzmán, encargada por ausencia de Paúl Granda, compareció ante la Comisión de Justicia el pasado 27 de septiembre y habló de la migración de plataforma. Luis Fernando Torres, Marcela Aguiñaga, Henry Cucalón, Franklin Samaniego y Lira Villalba, todos los miembros de la Comisión que se han referido al tema, lo recuerdan claramente. Dijo que el Ministerio de Telecomunicaciones no autorizaba la contratación de una compañía privada, así que el sistema de monitoreo debía trasladarse a CNT. Se dice fácil, pero una migración de esta naturaleza entraña riesgos, pues implica cambiar el código fuente del sistema y esto puede producir efectos impredecibles en los ya de por sí caprichosos dispositivos.

Paúl Granda y Rosana Alvarado, sin embargo, insisten en que Guzmán no dijo eso, que no se ha cambiado de proveedor, que continúa siendo Conecel aunque quién sabe en virtud de qué contrato. Lo cierto es que no hay certeza pública alguna sobre la manera como se realiza el monitoreo de los brazaletes electrónicos. Las autoridades callan demasiado como para no despertar sospechas.

Justicia dudó de su sistema

El 8 de agosto, la ministra Rosana Alvarado pidió por escrito al Consejo de la Judicatura evitar nuevas colocaciones de brazaletes electrónicos. Hoy, ella dice que lo hizo ante la posibilidad de un cambio de plataforma celular, cosa que no se produjo. Pero su oficio no dice eso.