Migrantes: el Gobierno perdio

El Gobierno tendrá que dar marcha atrás en su política migratoria. La jueza Judith Naranjo determinó ayer que el requisito del pasaporte impuesto a los refugiados venezolanos que ingresan al país (medida vigente desde el pasado sábado) viola derechos constitucionales. En consecuencia, aceptó el pedido de medidas cautelares solicitado por la defensora del Pueblo, Gina Benavides; dejó sin efecto el acuerdo ministerial 242, que impone el requisito; y exigió a las autoridades la presentación de un plan integral para la atención de los emigrantes en un plazo de 45 días.

La audiencia duró cuatro horas, al término de las cuales la jueza Naranjo consideró que “el Estado no está asegurando los derechos” de los refugiados venezolanos y les está exigiendo, para entrar en el país, “un requisito que no existe en la ley”. Los alegatos de la parte accionante fueron contundentes. A Gina Benavides se le unieron el defensor público, Ernesto Pazmiño; un abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Mario Melo; y cinco organismos de la sociedad civil en condición de ‘amicus curiae’. Ellos demostraron que la política gubernamental, anunciada por el ministro del Interior, Mauro Toscanini, viola los derechos de migración y libre tránsito, el derecho a solicitar refugio, el bienestar de niños, niñas y adolescentes, la seguridad jurídica y, especialmente, el derecho de igualdad y no discriminación, pues la medida se aplica a un grupo de personas en razón de su nacionalidad.

“En una situación de crisis humanitaria -dijo Benavides- los criterios de protección deben primar sobre los de seguridad”. Y añadió: “la soberanía nacional tiene un límite: los derechos humanos”.

Los abogados del Ministerio del Interior, los de Cancillería y el propio viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, que intervino en la audiencia, alegaron que el requisito del pasaporte busca, precisamente, proteger a los refugiados y evitar que caigan en las manos de traficantes. Pero este argumento no resistió la prueba de la realidad. Confrontados con el hecho de que, una vez que entró en vigencia la medida, los refugiados sin pasaporte optan por entrar al país a través de pasos clandestinos y sin registro alguno, guardaron silencio y eludieron hablar del tema.

La intervención del viceministro Chávez fue especialmente desafortunada. Dijo que la tendencia general en la región era “el endurecimiento de las políticas migratorias”. Que la carga financiera de los servicios que el Estado ecuatoriano debe ofrecer a los refugiados (16 millones, reveló) “la pagamos todos los ecuatorianos”. Que el objetivo de la Cancillería era “buscar un punto de equilibrio” entre la soberanía y los derechos humanos. Y que, si bien la Ley de Movilidad Humana es garantista de derechos, “el espíritu del legislador es que esa ley se aplique en momentos normales, y este no es un momento común y corriente, es un momento que exige una gran responsabilidad”. Presentados ante una corte reunida para tratar un tema de derechos, estos argumentos parecían especialmente diseñados para perder. Y perdieron.

Afuera, unas veinte personas se manifestaban a favor de las restrictivas políticas gubernamentales. Cargaban carteles contra la migración y vestían ponchos de estética correísta, con la bandera tricolor y la inscripción “Unidos somos más”. No se quedaron para conocer el resultado de la audiencia.

Aceptación del Gobierno

Mediante comunicado, el Gobierno de Lenín Moreno aceptó la decisión judicial y anunció que la cédula de identidad, certificada y validada, será el único requisito para ingresar al país. También reiteró la preocupación que despierta la actuación del Gobierno venezolano.