Al pedido de reformas de la tabla de consumo de drogas, señalada por jefes policiales como el origen del incremento exacerbado del microtráfico en el país, particularmente en el cantón Durán, provincia del Guayas, se suma otro grave problema que pretende callar a las víctimas de delitos, lo que repercute en procesos judiciales.

El pasado 21 de julio, la jueza Andrea Patiño, de la Unidad Judicial Penal del cantón Durán, emitió la boleta de libertad a favor de dos de las cuatro personas que fueron detenidas por el intento de secuestro de un ciudadano por parte de presuntos integrantes de la banda Chone Killers, aliada de la organización delictiva los Choneros. Entre ellos, dos menores de edad, uno conocido con el alias de Cara de Niño.

La decisión se dio tras un pedido que hizo la fiscal Lourdes Parada, quien lleva el caso, para que se revoque la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de los sujetos, desde el pasado 29 de junio, fecha en que fueron detenidos, procesados y reconocidos por el denunciante como parte del grupo que lo agredió e intentó llevárselo a la fuerza, desde su vivienda, vestidos con trajes parecidos a la policía.

Un día antes de la disposición judicial, la víctima rindió testimonio urgente en la Cámara de Gesell de la Fiscalía, donde manifestó que no reconocía a los procesados como las personas que lo agredieron e intentaron secuestrar.

Eso generó que se desvanezcan los indicios que originaron la formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal en contra de los detenidos. Aunque quedaron en libertad, se les ordenó la prohibición de salida del país hasta que se cierre el proceso penal.

Policías asignados a Durán señalan que en muchas ocasiones las víctimas reconocen a sus agresores durante el delito en flagrancia, pero después no continúan con el proceso, al parecer, por las amenazas o intimidaciones que reciben.

Una jueza que actúa en esa jurisdicción y que pide la reserva de su identidad considera que -en el fondo- lo que está fallando es la protección a víctimas y testigos.

“Si la Fiscalía tiene el hecho de que existe una persona o una víctima dentro de una causa, en la cual tiene como vecinos a las propias personas que lo han agredido o le han intentado cometer algún delito, existe una gran falla dentro del sistema de protección a víctimas y testigos y la entidad encargada de dirigir este sistema es la Fiscalía, que es la responsable de realizar la investigación y proteger a la persona que está denunciando”, señala la jueza.

Y lo fundamenta en lo que señalan los artículos 198 de la Constitución y 443 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que otorgan y dan atribuciones a la Fiscalía para dirigir el sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso.

Aunque no existen cifras de cuántos casos terminan en el archivo, por esas circunstancias, la juzgadora revela que le ha pasado en algunos procesos. En audiencia, abogados del procesado o de la víctima manifiestan que tienen miedo de su integridad física y solicitan que se los incorpore al programa de víctimas y testigos. Como juzgadora solo le queda trasladar el pedido a la Fiscalía.

“Uno puede evidenciar que algo ha pasado, pero mientras no nos llegue la noticia de que esta persona ha sido intimidada o si la víctima no informa a la Fiscalía que tiene miedo de rendir versión porque ha sido intimidado y la entidad desconoce esa situación, lógicamente no se puede disponer que se acoja al programa de víctimas y testigos”, señala la judicial.

Y, añade que definitivamente existe una gran afectación dentro de la prosecución de un proceso, sobre todo de la investigación fiscal que, como en el caso mencionado, se quedaría sin la prueba más importante (denunciante), por lo que el caso está condenado al archivo.

Denuncias

En el último caso se utilizaron dos autos reportados como robados, uno de ellos de una policía.

No caen los 'peces gordos'

Junto con los dos individuos, ahora liberados, fue detenido también un adolescente conocido en Durán con el alias de Cara de Niño, “un dolor de cabeza” para la policía y quien podría también recuperar la libertad en el caso.

El menor de edad ha sido detenido en otras ocasiones por robo, asesinatos y microtráfico, delito que ha aumentado este año en el cantón Durán, lo que está generando enfrentamientos armados entre bandas. Pero, a decir de una jueza de ese cantón, quienes caen son consumidores o quienes trafican en mínima o mediana escala, cuya sanción es de 1 a 5 años de cárcel.

“Hasta ahora no han caído los peces gordos, no se ha visto eso, más caen por consumo”, asegura la judicial. Pero es el microtráfico el que ha generado un aumento en las muertes violentas, por el enfrentamiento entre bandas que pugnan por ganar territorios para la venta de drogas.