Metrovia acoge el informe de la Defensoria, pero acota que solo es el 25 % del transporte
Como ente regulador, la fundación Metrovía acogió las observaciones al sistema hechas por la Defensoría del Pueblo, las cuales ofreció transmitirlas a las operadoras.
Como ente regulador, la fundación Metrovía acogió las observaciones al sistema hechas por la Defensoría del Pueblo, las cuales ofreció transmitirlas a las operadoras.
Pero cuestionó que la veeduría solo apuntara a este sistema, que representa el 25 % de la transportación urbana. El gerente general de la fundación, Leopoldo Falquez, reiteró que el otro 75 % lo constituyen los transportistas convencionales.
“Lo justo sería que se haga una evaluación de la movilidad de la ciudad en general y no solo un informe de la Metrovía, que quizá es el sistema de este tipo más organizado en el país”, manifestó el funcionario.
Calculó que el sistema Metrovía lo usa un promedio diario de 450.000 personas, por lo que es común que se presenten inconvenientes. “No hay sistema de este tipo en el mundo que no tenga contingencias a cada rato, porque se presentan situaciones particulares por la cantidad de usuarios”, indicó.
Dijo apreciar que sean tomados en cuenta por la Defensoría y que por ello han dado apertura a las inspecciones “pese que los veedores no son especializados en la materia de tránsito y movilidad”.
Al no ser técnicos, sostuvo, los veedores no pueden analizar determinadas situaciones que se puedan presentar, especialmente en las horas pico, y en las circunstancias por la que atraviesa una flota que recorre la ciudad, “en donde encontraremos invasión de carril, bloqueos de intersección y exceso de tráfico, lo que ocasiona atrasos a las unidades”.
El presidente de la fundación, Federico von Buchwald, señaló que los servicios contratados para el sistema lo ofrecen empresas especializadas, por lo que apoyan los comentarios para efectuar los correctivos.
Pero considera que falta conciencia ciudadana para disminuir la destrucción y sustracción de bienes del sistema. Espera que la Defensoría apoye las sanciones para quienes afectan bienes públicos, “porque no pueden quedar libres e impunes los responsables”.