Grandes, medianas y pequeñas. De distintos calibres y cargas. Algunas de uso exclusivo policial o militar, pero la mayoría de fabricación artesanal. Así eran las 12.438 armas que entregó ayer el Ministerio del Interior al departamento de Control de Armas de las Fuerzas Armadas, como parte del protocolo de destrucción.

El armamento permaneció desde 2005 en los diferentes centros de acopio de evidencias de las zonas 5 (Guayas), 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), 9 (Quito), y en las subzonas Azuay y Pastaza, mientras se realizaban las respectivas investigaciones.

Diego Fuentes, viceministro del Interior, indicó que las armas habían sido decomisadas en distintos operativos realizados por las unidades de Policía y que la mayoría había estado vinculada a procesos delictivos.

“Este armamento constituía uno de los principales riesgos para la seguridad ciudadana puesto que estuvo, en algún momento, en manos de las bandas criminales y sobre todo también en aquellas personas que trataban de intimidar o trataban de usar estas armas para el cometimiento de determinados delitos”, mencionó. Aseveración que fue confirmada por el director nacional de Operaciones, el general Ramiro Mantilla.

Y es que a pesar de que las estadísticas muestran una reducción de muertes violentas en comparación con años anteriores, el arma de fuego sigue siendo la herramienta más utilizada para delinquir.

En lo que va del 2016, el 46 % de los homicidios ha sido provocado por uso de armas de fuego, el 37 % por la utilización de armas blancas (cuchillos o herramientas cortopunzantes) y solo el 17 % por drogas, palos y otros.

Algunas de las armas, como ametralladoras, subametralladoras, rifles y otras de grueso calibre, que suelen ser utilizadas por unidades especializadas, también se entregaron.

Según Fuentes, ya están averiguando por dónde ingresa ese tipo de armamento y cómo llega a manos de los delincuentes. “Este es un trabajo que lo estamos coordinando con otros países, porque muchas de estas armas provienen de países vecinos y obviamente para poder determinar el punto de origen tenemos que tener datos de las otras policías”, precisó.

Seguimiento

Niveles de responsabilidad

El director nacional de operaciones, general Ramiro Mantilla, mencionó que será la inspectoría del organismo la que determinará los grados de responsabilidad de los oficiales que participaron en el festival de Santo Domingo. “Esto se ha hecho por unos 15 o 20 años y nunca hemos tenido víctimas que lamentar, por eso es importante la investigación y cada uno es responsable en sus niveles. Eso es muy claro. La inspectoría determinará quién falló en la aplicación de los protocolos de seguridad”. Además dijo que la familia será indemnizada por el Ministerio del Interior.