Con un control de incumplimiento de sentencia a cuestas por la falta de designación vocal del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por Hernán Ulloa, anunció este 16 de enero la aplicación del mismo mecanismo.

Lo hará en contra de la Asamblea, de los 80 legisladores que votaron por la moción del retiro de la placa que el juez de La Concordia, Ángel Lindao, dispuso en el fallo que dejó sin efecto la destitución de cuatro consejeros, resuelta por la Asamblea.

Pero ese será solo uno de los incumplimientos que Ulloa mencionará en el escrito que hará llegar al juez. Anunció que también le informará a Lindao que el Legislativo no ha posesionado a los consejeros suplentes del CPCCS y tampoco ha posesionado al superintendente de Bancos.

En la sala de sesiones del Consejo, apareció acompañado por la consejera suplente Gina Aguilar. Destacó su actitud para querer encargarse de los procesos que se encuentran pendientes. Pero al parecer esa voluntad no es suficiente porque de las dos sesiones convocadas por Ulloa a las que ella ha acudido en ninguna ha habido quórum.

Es que la Asamblea tampoco ha facilitado la posesión de los consejeros suplentes, a pesar de que ha habido al menos tres convocatorias que luego han sido suspendidas por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela. Para Ulloa, “el Ecuador debe entender que la institución anárquica que está afectando la institucionalidad del país es la Asamblea”.

En ese organismo, el asambleísta Esteban Torres respondió que la propia Corte Constitucional ha dicho que solo la autoridad a la que se le incumplió la decisión podría proponer en el futuro, luego de agotar las instancias judiciales, la acción de incumplimiento.

Dijo que la decisión del juez Lindao está en apelación. Además, reiteró que la resolución de retirar la placa de la Asamblea se mantiene. “No vamos a supeditar las decisiones y la integridad de la Asamblea al antojo de ciertos jueces que todos sabemos cómo resuelven”, indicó.

Torres justificó que el no reconocimiento a los restituidos consejeros obedece a que lamentablemente “la corrupción que se está dando en los niveles más bajos de la justicia en donde hay jueces de bolsillo que por una u otra dádiva toman ciertas decisiones no pueden poner en jaque al Estado”.

Pero Ulloa también acusó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de no defender a la Función Judicial y las decisiones que ahí se toman. Saquicela prefirió no responder a los dichos del funcionario. Para el jurista Marcelo Dueñas, la situación que se presenta en el CPCCS “evidencia una descomposición total y absoluta de las instituciones del Estado, una inseguridad jurídica que lamentablemente viene desde la Asamblea, el Ejecutivo y las otras funciones”. Para él lo que ha hecho el CPCCS es generar bocanadas de ‘vergüenza’, pues no han cumplido con su responsabilidad de designar autoridades y otras obligaciones.

El año pasado cuatro consejeros a quienes la Asamblea censuró y destituyó consiguieron que el juez Lindao deje sin efecto esa sanción política y regresaron a sus cargos.

Lo paradójico es que de parte de la Corte Constitucional hay un cuestionamiento hacia los consejeros. El año pasado ese organismo activó de oficio el mecanismo de revisión del cumplimiento de sus sentencias porque no hubo la designación célere del vocal de la Judicatura en Participación.