Usted dijo que los proyectos urgentes son paños de agua tibia sobre un país herido de muerte. Si como están no son una cura, ¿qué necesitan las leyes para que, a criterio del bloque de la Revolución Ciudadana, sí lo sean y tenga los votos favorables de la bancada?

En el caso del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas lo mandan como económico urgente cuando no tiene nada que ver con la pandemia y, es más, ponen disposiciones para que sea cumplida luego del 2022. ¿Cuál es la urgencia? Sí hay una urgencia en que se cumplan los condicionamientos que requiere el Fondo Monetario Internacional. En el proyecto que tiene que ver con el Apoyo Humanitario rechazamos que la factura de la crisis la asuma las clases trabajadora y media del Ecuador... Alternativas hay, lo que no hay es voluntad política de defender los intereses de las grandes mayorías... Proponemos una contribución a los patrimonios que superen el millón de dólares, que haya una contribución por parte de la banca y que esos grupos económicos beneficiarios de la remisión del último económico urgente que también tengan que aportar.

¿Y el ambiente entre los legisladores es favorable para las dos leyes o no?

Lo que han mencionado en temas generales los diferentes miembros de bancada es que se requieren las leyes. Nadie está de acuerdo con el archivo. Sin embargo hemos tenido diferencias en torno a quién debe cargar con la crisis. Ahí sí hay puntos de vista distintos y sustanciales. Entre esos la bancada de CREO está en contra de que se haga una contribución a los patrimonios de sociedades que tienen domicilio en paraísos fiscales. ¿A quién defienden? ¿Esa es la mayoría del pueblo? Hay coincidencias en que la tabla o la base imponible para la contribución sea mucho más alta. Que no arranque desde los 720 dólares que propone la Comisión. Me parece que el ambiente es claro de que la norma, como está, no tendrá apoyo y será cambiada.

El Gobierno pide a los ecuatorianos contribuir, pero ¿cómo garantizar que ese dinero vaya a los sectores que tiene que ir y no pase como pasó con el dinero del terremoto?

Una de las cosas que consta en el texto del informe es que este dinero sea utilizado en salud, alimentos y en reactivación productiva, lo que se limita el uso del dinero en torno a la pandemia.

Pero coincidirá en que el hecho de que eso conste en el texto no garantiza que algún funcionario público haga de las suyas. ¿Hay algo más?

El texto es categórico en el sentido que solo puede ser usado para esos fines. Si un funcionario destina el dinero a otro uso puede ser sujeto a las responsabilidades civiles, administrativas y penales.

¿Cómo es debatir con la carta de la muerte cruzada sobre la mesa?

No tengo duda que es parte de una campaña del Gobierno en contra de minar el trabajo del Legislativo. Una suerte de ponerle presión. Me parece que eso es un despropósito... No es algo que me quita el sueño. Si pudiésemos resolver la crisis sanitaria, económica y devolverle la vida a las personas que murieron y para eso tenemos que irnos a la casa, seré la primera en despojarme de mi cargo.

¿Cómo evalúa el manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno?

Creo que hay una descoordinación absoluta con los gobiernos locales. Las vanidades así como las diferencias políticas trascendieron en un momento determinado. No se pusieron en el dolor de las familias, en la desesperación y angustia. Hoy veo que la emergencia está siendo manejada de otra manera. Existió mucha improvisación, egoísmo y vanidad de por medio y lamentablemente tenemos las cifras que tenemos.

Siendo la Asamblea el espacio llamada a analizar este tipo de responsabilidades, ¿quién o quiénes cree que deberían ser los primeros en rendir cuentas por lo que hicieron y no hicieron en esta emergencia?

El primero que debe responderle al país es el ministro (Richard) Martínez porque le mintió al país y a la Asamblea diciendo que pagaba los 328 millones de dólares a valor nominal, que no pagaba intereses que sí pagó... Las actuaciones de salud serán en otro momento. No podemos distraer al ministro de Salud (Juan Carlos Zevallos) de sus obligaciones. Eso quedará para una segunda etapa.

¿Juicio político?

Ya tenemos la solicitud de juicio político (al ministro Martínez). Hasta hoy (el pasado viernes) tenemos 35 firmas. Estamos en conversaciones con otras bancadas que han manifestado su posición de juicio político. Conversaremos para unificarla y plantearla una vez que terminen estos debates.

¿El expresidente Rafael Correa sigue siendo una de sus cartas electorales?

Es nuestra mejor carta. Puede ser solo candidato a vicepresidente o asambleísta.

Pese a la sentencia por el caso Sobornos...

La sentencia no está en firme por lo que no tiene imposibilidad jurídica de participar.

Pero podría estarlo antes de la inscripción de candidaturas...

Veamos. Ese es el apuro que tienen algunos. A los adversarios se los derrota en las urnas, no con triquiñuelas de materia judicial.

Entiendo entonces que no hay un plan B...

Ese es nuestro plan A. Plan B, C y D los tenemos, pero no los podemos anunciar.

¿Y usted está en uno de ellos?

No, nadie me ha propuesto todavía.