Mano a mano inopinado

Muchos pensaron que lo que no se logró con Rafael Correa se consiguió con el cura Tuárez: mostrar la iniquidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, y, por ende, la necesidad de eliminarlo de la arquitectura constitucional del país. Es verdad que el cura hizo méritos para desacreditarlo. Pero desmontar ese organismo luce complejo y enrevesado.

Los más convencidos de que el Cpccs debe desaparecer son los miembros del Comité por la Reinstitucionalización Nacional que dejó instalado Julio César Trujillo y que coordina Pablo Dávila. Y el movimiento Ahora que lidera el asambleísta Fabricio Villamar. Pero mientras el Comité preconiza reducir el número de miembros de la Asamblea y crear un Senado, para que haga las designaciones de las autoridades de control, Villamar propone que estas vuelvan a la Asamblea Nacional. Su movimiento y el Comité hicieron una consulta a la Corte Constitucional que, en su respuesta, definió la vía para eliminar el Cpccs: mediante una reforma parcial a la Constitución que será tramitada por la Asamblea en al menos dos debates. El segundo se llevará a cabo al menos 90 días después del primero. Apenas aprobada la reforma, dice la Constitución, se debe convocar a un referendo dentro de los 45 días siguientes.

Este camino podría ser expedito. Pero la Asamblea quiere recuperar para sí la designación de las principales autoridades de control: fiscal, contralor, procurador, defensor del pueblo, superintendentes, CNE, TCE, Consejo de la Judicatura... Por eso en vez de eliminar el Cpccs, el presidente César Litardo y su primer vicepresidente, César Solórzano, han hablado de presentar un proyecto de enmienda para restar funciones al Cpccs: conservarlo como institución pero sin la posibilidad de designar autoridades de control. La enmienda se tramitaría, como dice la Constitución, en dos debates. El segundo en los 30 días siguientes al año de realizado el primero y la reforma se aprobaría si obtiene los votos de las dos terceras partes de los asambleístas.

Esos son los dos escenarios en los que se juega el destino del Cpccs. Por supuesto, hay intereses cruzados. Mientras el Comité por la Reinstitucionalización piensa en desaparecer el Cpccs, los responsables de la Asamblea quieren que conserve las tareas sobre la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. La nada. Y mientras el Comité por la Reinstitucionalización cree que la designación de autoridades debe volver a la Asamblea bajo ciertas condiciones -una de las cuales es la creación de un Senado- el presidente de la Asamblea Litardo se dice abiertamente opuesto a esta iniciativa.

Este mano a mano no es solo conceptual. Es evidente que por la Asamblea pasarán la reforma parcial y la enmienda. Así está facultada a tener la sartén por el mango. Litardo y los asambleístas pueden modular los tiempos para que la reforma parcial, que puede hacerse en menos de un año, tarde más que la enmienda que demora 13 meses a partir del primer debate. Y es posible que si las dos vías toman cuerpo, la Corte Constitucional tenga que dirimir cuál prevalece.

La agenda legislativa de este nuevo período indicará el nivel de prioridad que otorga la Asamblea a este tema. Pablo Dávila insiste en que esta es una iniciativa ciudadana y bajo esa condición admitirá aliados para recoger las 132.000 firmas que exige el CNE. Tiene seis meses para hacerlo, pero él cree que pueden lograrlo en tres. De esta forma se inaugura, esta semana, un nuevo mano a mano político entre ciudadanos y asambleístas.