Lo que está a la mano de las autoridades para encarar la crisis carcelaria

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Lo que está a la mano de las autoridades para encarar la crisis carcelaria

Abrir el abanico a los indultos, reformular  prisiones preventivas, entre las medidas primarias. Son 34 los cadáveres que han sido entregados

CARCEL
Familiares de personas detenidas en la Penitenciaría del Litoral aguardan información sobre el estado de sus parientes. Exigen se paren las muertes.CHRISTIAN VASCONEZ / expreso

Mucho se resume en decisión de las autoridades. A veces requiere tiempo, pero en otras es suficiente la voluntad para sentir algunos cambios.

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La crisis carcelaria es un problema profundo que requiere de una acción articulada de varias instancias del Estado, y algunas de esas decisiones pueden adoptarse ahora. El hacinamiento es una de las trabas en este engranaje que puede encontrar un primer nivel de acción, por ejemplo, en los indultos y un mejor criterio para declarar las prisiones preventivas.

El poder de las mafias es otra. Desmantelar los negocios internos como venta de servicios de protección y productos como cigarrillos o llamadas telefónicas puede disminuir el espacio de acción de estos grupos organizados que controlan las cárceles. Aquí una radiografía de algunas acciones primarias en manos de las autoridades.

  • PRISIÓN PREVENTIVA 

Que uno de los fallecidos en la reciente matanza en la Penitenciaría del Litoral estuviera detenido por incumplir con la pensión alimenticia, pone el foco sobre la medida de la prisión preventiva. La jurista y exvocal del Consejo de la Judicatura, Zobeida Aragundi, pone como ejemplo a los consumidores de droga que a su criterio no deberían criminalizarlos, sino tratarlos como un problema de salud pública. “Hay soluciones inmediatas o herramientas como por ejemplo analizar la situación de consumidores que tuvieron una mala defensa y que son procesados por microtráfico de droga. He pedido estadísticas, pero de esos casos hay muchos. Debería reformularse su situación”.

El problema de la crisis carcelaria tiene varias causas y su solución también será múltiple.

Zobeida Aragundi, exvocal del Consejo de la Judicatura.

Tampoco se trata, precisa, de liberar a discreción a cualquier persona para que no se pesque a río revuelto, sino darle un seguimiento y aplicar otras medidas cautelares siendo la prisión preventiva la última opción. En este punto, la experta hace una pausa y considera que la efectividad de estas medidas como el arraigo, uso del grillete electrónico y presentación periódica ante autoridad competente depende de los apropiados controles migratorios, que los sistemas tecnológicos de vigilancia funcionen y de la aplicación oportuna de estas medidas para evitar la fuga de los procesados. Esto también está en manos de las autoridades.

A julio de 2021, según datos del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, el 38,56 % de la población carcelaria, es decir un poco más de 15.000 personas, estaba detenido en calidad de procesados, es decir, bajo prisión preventiva sin sentencia.

  • INDULTOS 

El otorgamiento del perdón presidencial de las penas es una medida primaria que ayudaría a descongestionar las cárceles. A decir de Aragundi, es un alivio para el sistema carcelario, pero debería abrirse el abanico y que no sea un beneficio, en el marco de esta crisis, para personas con enfermedades catastróficas. Esto como una medida inmediata, pero la experta ve la solución efectiva al hacinamiento a largo plazo y lo resume en una frase: prevención del delito. ¿Cómo? “Con mayores oportunidades de estudio, educación, trabajo, cultura y en eso deben intervenir todos los poderes del Estado”.

  • DESARTICULAR NEGOCIOS INTERNOS 

Es más que conocido que dentro de las cárceles operan negocios bajo el control de mafias que, a cambio de sumas exorbitantes de dinero, entregan servicios o productos a otros privados de la libertad. Esto les da poder económico a los grupos organizados. Desmantelar estas prácticas también está en manos de las autoridades. La exdirectora de la Cárcel de Mujeres de Guayaquil y del Centro de Rehabilitación Social Regional # 8 (más conocido como La Roca), Martha Macías, cree que es posible solo bajo una premisa: voluntad.

Mientras no haya esa voluntad de los funcionarios de cambiar el sistema, no va a pasar nada.

Martha Macías, exdirectora de la Regional 8 de Guayaquil. 

Bajo su administración, recuerda, decomisó una gran cantidad de colchones que las presas los vendían, con la complicidad de guías penitenciarios, entre 100 a 200 dólares cada uno. Y así pudo conocer algunas tarifas que manejaban las mafias como un pollo o un chaulafán en 60 dólares, o redes de servicio telefónico bajo el control de un caporal que administraba el entramado y hasta 15 teléfonos móviles para brindar el servicio al resto de detenidos a precios elevados. “Si no existe la voluntad de los funcionarios porque no saben lo que significa ser director, guía penitenciario y más no pasará nada. Ellos son los primeros que deben activarse. Los directores penitenciarios deben convertirse en los líderes que dialoguen”.

  • MILITARES DENTRO DE LAS CÁRCELES

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Una decisión inmediata es el ingreso de los militares a las cárceles. El presidente Guillermo Lasso ya anunció que la presencia indefinida de militares y policías tanto dentro como fuera del sistema carcelario. Sobre esto existe un debate en torno a la facultad presidencial de ordenar el ingreso de los militares a las prisiones.

El constitucionalista y consultor político, André Benavides, explica que la Corte Constitucional sentenció que en el marco del estado de excepción las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a los centros de rehabilitación social, sin embargo, se establecen excepciones cuando los casos lo ameriten. “Si el Gobierno Nacional quería meter a los militares a los pabellones, debía haber, en ese momento, firmado un decreto ejecutivo fundamentado y con eso disponer esa medida. Pero no puede irse en contra de los fallos de la Corte”, precisa el jurista.

Creo que ya es momento de pedir auxilio a los organismos de Naciones Unidas y de la OEA.

André Benavides, constitucionalista y consultor político.

El Gobierno ordenó, el pasado 15 de noviembre, el ingreso de cerca de 1.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a la Penitenciaría del Litoral, con lo que lograron el rescate de tres personas privadas de la libertad que fueron secuestradas por otros detenidos. Hasta ayer, 34 cadáveres habían sido entregados a sus familiares.