El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, cumplirá su sentencia de 10 años en un centro penitenciario, no en su casa, anunció el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

El extitular de la FEF y dos colaboradores cercanos, Hugo Mora, extesorero, y Pedro Vega, excontador, fueron sentenciados el viernes por lavado de activos en el caso Ecuafútbol. Este está relacionado con el escándalo internacional conocido como el FifaGate.

En una rueda de prensa ayer, el fiscal aclaró que cuando termine el proceso de apelaciones el ex de la FEF no seguirá en arresto domiciliario. “Por su edad, se solicitó una medida sustitutiva durante el proceso de investigación, para que no esté en prisión preventiva, sino en su domicilio”.

Reveló que la fiscal del caso, Diana Salazar, fue víctima de maltrato y de presiones por parte de los abogados de la defensa. Incluso, agregó, desapareció una parte del proceso con las declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol de Paraguay. “Estamos indagando y descubriremos al autor de esa sustracción”, señaló.

Chiriboga enfatizó que las investigaciones demostraron que el presidente de Ecuafútbol, de 2010 a 2015, utilizó su cargo para administrar los recursos que ingresaban a la entidad y obtener beneficios económicos, dijo.

Además, Mora, su extesorero, sentenciado a 10 años, conocía las actividades ilícitas, participó en ellas, direccionó los recursos económicos y siempre estuvo a órdenes de Luis Chibirboga. También Vega, su excontador, sentenciado a tres años y cuatro meses, hizo los registros contables y reclasificó las transferencias bajo la denominación de donaciones. “Así se evitó que se evidenciaran los delitos de lavado”, subrayó.

El fiscal explicó que se ordenó decomisar los bienes de los sentenciados y que paguen una multa de 12 millones dólares. Esta corresponde al doble del producto de lavado de activos, que es de 6’000.000 de dólares.

Según él, se comprobó que los tres sentenciados se aprovecharon de sus cargos en Ecuafútbol para introducir “recursos de origen ilícito para darles una apariencia legal”.

Chriboga dijo que hubo facturas de empresas fantasmas, modificaciones a la contabilidad por falsas donaciones y apropiación de los recursos mediante supuestos arrendamientos del edificio. CMP