Las ‘mesas servidas’ de los gobiernos locales

Es una oportunidad para transparentar la situación de provincias y cantones. El cambio de autoridades seccionales permite que casos de irregularidades y corrupción puedan destaparse. Algo similar a lo que sucedió tras la salida del expresidente Rafael Correa del poder, en 2017. Claro que, en algunos casos, el cambio de mandatarios podría suponer el continuismo de los números ocultos.

Los alcaldes y prefectos que fueron escogidos el domingo llegarán al 14 mayo (día de la posesión) con una lista de tareas pendientes en fiscalización y buenas prácticas. Los informes de la Contraloría General del Estado son un ejemplo.

Solo en 2018, el ente aprobó 56 informes generales con indicios de anomalías en los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas. En el listado se destacan el Tranvía de Cuenca y las carreteras administradas por los gobiernos provinciales.

También hay cuestionamientos a las megaobras que se edificaron en la última década. El Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu es una muestra. El principal hallazgo en la construcción, cuyos documentos iniciales estuvieron a cargo de la Prefectura de Pichincha, es la falta de estudios en la contratación. Ese ‘descuido’ originó un incremento en los costos por 75 millones de dólares.

En el Tranvía, en cambio, la Contraloría determinó que Cuenca erogó 5 millones de dólares en el proceso de terminación unilateral del contrato. Una cuenta pendiente para el nuevo alcalde, Pedro Palacios, que reemplazará a Marcelo Cabrera. Él perdió la reelección.

Sobre la Ruta Viva, que conecta a la capital con el nuevo aeropuerto internacional y es administrada por el Municipio de Quito, también pesa un examen de control que demuestra “un deterioro prematuro en la capa asfáltica, con daños estimados en 5 millones de dólares y multas por 2 millones de dólares contra la constructora”.

La obra fue iniciada por Augusto Barrera y terminada por Mauricio Rodas.

El cobro de multas por la Ruta Viva y el cumplimiento, o no, de las recomendaciones de la Contraloría General serán parte de los temas que deben discutir el alcalde saliente, Rodas, y el virtual ganador del domingo (a falta de resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE), Jorge Yunda. Ambos se reunieron el martes y conformaron equipos de trabajo para traspasar información sobre movilidad, programas sociales, transporte, administración general y finanzas del cabildo.

Un tema aparte será el Metro de la ciudad. Desde la adjudicación inicial a Odebrecht hasta el mecanismo de pago para los préstamos serán un deber que Yunda tendrá que solucionar de inmediato.

La reunión de Rodas y Yunda marca el escenario ideal de una transición ordenada. Los ciudadanos, pese a pertenecer a tiendas políticas diferentes, accedieron a conversar para realizar un traspaso sin altercados. La luna de miel, sin embargo, podría durar poco.

Yunda deberá recopilar la información entregada por Rodas y, ya en el cargo, tendrá que detectar si hubo más datos ocultos. Un proceso que, al menos en el sector privado, no toma más de tres meses después del cambio de autoridades en una empresa.

El tiempo podría ser mayor, pero las acciones son las que cuentan. En 2017, por ejemplo, Lenín Moreno declaró que su antecesor mintió en las cuentas públicas. Contrario a lo que pregonó Correa, su excoideario resaltó que “no había tal mesa servida”.

Expertos y analistas coinciden en que el proceso de transición y los primeros meses de la nueva administración son claves para detectar actos de corrupción de las autoridades salientes. Si se deja pasar mucho tiempo antes de las denuncias respectivas, se corre el riesgo de que los nuevos alcaldes y prefectos oculten los vacíos administrativos.

Además, coinciden los consultados, en el caso de los candidatos que suceden a alcaldes o prefectos de sus mismos partidos, se anticipa un cambio más sencillo, por una simple pero consabida consigna: “la ropa sucia se lava en casa”.

Pero cuando eso no sucede, la transición podría tornarse complicada.

El traspaso de la Prefectura del Guayas puede ser el mejor ejemplo. El prefecto electo, Carlos Luis Morales (Partido Social Cristiano), tendrá que enfrentarse al legado de Jimmy Jairala (Centro Democrático), que deja tras de sí cerca de una decena de obras inconclusas y 36 informes de Contraloría con indicios penales.

Y aunque los documentos fueron archivados y sellados al ojo público por la Fiscalía Provincial del Guayas el año pasado, restan las fallas en las obras ejecutadas y cuyas reparaciones, sin culpables a la vista, deberán salir de las arcas de la propia Prefectura. En algunos casos, no hay indicios de cobro a las constructoras.

Una de ellas es en la vía Pedro Carbo-Valle de la Virgen, entregada en 2012. Costó 1,6 millones de dólares, pero se dañó seis meses más tarde. Los reportes detectaron que se había construido sin base o subbase y lograr su reparación tardó dos años. Cuando finalmente la compañía encargada intervino, lo hizo en seis de diez kilómetros. Un año después, los daños se presentaron y perduran hasta hoy.

Lo mismo sucede con las vías San Diego Carrizal-Mata, Bucay-La Esperanza y Samborondón-Salitre. En total, la nueva Prefectura deberá invertir cerca de 10 millones de dólares en reparar o rehabilitar vías entregadas por la anterior administración, la mitad del monto anual que esta entidad estatal empleaba en vialidad.

Pendiente también está el polémico dragado del río Guayas, que Jairala anunció pero no concretó a lo largo de su administración. En abril de 2018, la entidad firmó un convenio de 58,8 millones de dólares con la Armada para cumplir con este propósito. Once meses después, sin embargo, los trabajos no empiezan. Los estudios que avalan el proceso y el dragado también deberán ser revisados por el prefecto entrante.

Según Juan Salazar, coordinador de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, sin transparencia de por medio el periodo de transición puede tomar hasta seis meses. Incluso después pueden saltar ‘alertas’.

“Descuadres de caja y de partidas presupuestarias, poca claridad en las contrataciones de obras y de personal, informes confusos y hasta balances financieros con problemas son algunas de las dificultades del cambio de gestión”, explicó.

EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde saliente de la capital para saber cómo se enfrentará la transición, pero por temas de agenda esta se realizará la próxima semana. El mismo pedido se realizó a las nuevas autoridades de las dos ciudades.

Un vistazo a las compras

Las obras no son la única preocupación de las nuevas autoridades. Durante 2018, los gobiernos seccionales incrementaron considerablemente sus gastos en compras públicas. Según el Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), los egresos elevados son comunes antes de un periodo electoral.

El año pasado, los gobiernos autónomos descentralizados gastaron 2.909 millones de dólares en compras de bienes y servicios. El año previo (2017) los gastos no superaron los 2.150,8 millones de dólares. Es decir, hubo un incremento anual del 35,3 %.

Los municipios fueron los que más gastaron. En el mismo periodo analizado se registró un incremento del 42,1 %. En 2018, sus compras públicas sumaron 1.764,8 millones de dólares. En 2017, el monto alcanzó solo los 1.241,5 millones. En prefecturas, en cambio, el aumento fue del 43,1 %, con gastos por 620,3 millones de dólares en 2018.

Transición

Método

Si la transición se hace de manera ordenada, las autoridades salientes y nuevas deben conformar comisiones para tratar diversos sectores.

Denuncias

Las denuncias de corrupción, en caso de existir, deben realizarse ante las autoridades competentes y con pedidos específicos de exámenes a la Contraloría.

Antecedentes

Organismos internacionales como el PNUD tienen esquemas y modelos para transiciones ordenadas. En la capital se utiliza un sistema de ese multilateral desde 2014.