La Universidad de Guayaquil resolvió esperar los resultados de una investigación que inició el Consejo de Educación Superior (CES), sobre los doctorados conferidos por una entidad peruana al rector encargado, Roberto Cassis.

Si las indagaciones confirmaran la legalidad e idoneidad de los títulos, Cassis podría continuar en sus funciones.

En cambio, si estas ratificaran las supuestas irregularidades denunciadas, el rector podría ver terminado el encargo, amén de otras posibles sanciones o medidas. Y, con ello, abrir escenarios imprevistos para la universidad porteña.

El estatuto recién aprobado por la universidad dice que “el encargo de los actuales rector y vicerrectores, designados durante la intervención, terminará una vez que hayan sido electas y posesionadas las nuevas autoridades de la institución”.

Es decir, no contempla la posibilidad de que estos sean reemplazados antes de ello.

Pero el exdecano de Jurisprudencia, Xavier Garaicoa, y el vocal del Consejo de Educación Superior (CES), coinciden en que, de producirse ese escenario, habría que nombrar a otro rector interino o encargado.

Santos explica que el estatuto es una normativa interna de segundo orden frente a la prevalencia de la ley y los reglamentos de educación superior.

Pero esta vez, y a diferencia de Cassis, el nuevo rector debería cumplir todos los requisitos para el cargo. Entre ellos, la polémica exigencia de contar con título de doctorado o PhD.

Ellos descartan una subrogación por parte de la vicerrectora académica, porque se trataría de una ausencia definitiva.

¿A quién le corresponde decidir alguna sanción en caso de que se comprobara una infracción o delito? El expresidente del sindicato de profesores y catedrático de Derecho, Jorge Ortega, dice que al Consejo de Educación Superior, porque es el órgano máximo de control y además es la entidad que ha iniciado la investigación.

Santos aclara que si bien el CES puede sancionar a una autoridad por alguna falta, no podría removerla. Esta última decisión la debería tomar el Consejo Universitario de la entidad (que en la normativa de educación superior se denomina Órgano Colegiado Académico Superior, OCAS), que fue la que nombró a Cassis como rector encargado en julio de 2014.

Santos recuerda que esto ya se produjo con el caso de los dos vicerrectores designados inicialmente con Cassis, que luego fueron reemplazados.

De igual forma, la decisión que tomen ambos organismos depende del tipo de falta que hubiera cometido el rector, si es que esto se confirmara.

Por ejemplo, Ortega resalta la diferencia entre que Cassis hubiera recibido un título de doctor sin saber que este era irregular; o que lo hiciera a sabiendas de ello y con su participación. Santos agrega la hipótesis de que, siendo un título no idóneo o legítimo, el rector lo hubiera utilizado en alguna actividad oficial, como en la firma de documentos formales.

Así, el escenario real solo se conocerá tras las investigaciones del CES. Pero Garaicoa aclara que si se llegase a ratificar la legalidad de los títulos de Cassis, ni el Honoris Causa ni el Doctorado en Salud Pública, otorgados por la universidad peruana, equivalen a PhD.

Es decir, el rector encargado no podría ser candidato a titular.