LOC: otra ley va al banquillo
Los números. Cuatro correístas, dos morenistas, dos miembros de CREO y dos de Pachakutik conforman la Comisión. Lenín Moreno deberá negociar.
La Comisión de Derechos Colectivos alista motores para el debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Y Fabricio Villamar, asambleísta de CREO, pone el pie en el acelerador para echar abajo una de las columnas del Estado de propaganda correísta: el principio constitucional que declara la comunicación como servicio público. Plantea sacarlo de ahí de la misma manera como entró: por enmienda constitucional
Ayer los miembros de la Comisión recibieron oficialmente los primeros siete proyectos de reformas calificados por el CAL, entre ellos el del presidente Lenín Moreno. Despacharon en media hora la sesión con el acuerdo de invitar a la mayor cantidad posible de actores sociales. Se habló de llamar a los titulares de la Unión Nacional y de la Federación de Periodistas; a los representantes de los medios comunitarios y a la defensora del pueblo; a los catedráticos Daniela Salazar y Hernán Reyes... Cada uno puso los nombres de su preferencia. El lunes arrancarán las comparecencias con el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y el titular del Cordicom, Danilo Silva, quienes defenderán el proyecto del presidente. El proceso será largo.
Fabricio Villamar no pertenece a la Comisión, pero lleva más prisa. Ayer presentó a la presidenta Elizabeth Cabezas un pedido oficial, con las firmas necesarias (más del tercio del Pleno), para que tramite ante la Corte Constitucional un pedido de enmienda para que la comunicación deje de ser un servicio público. De lograrlo, sin embargo, el asambleísta de CREO tendrá que esperar un año, que es el tiempo que debe mediar entre los dos debates plenarios para aprobar una enmienda.
Aparte de este cambio fundamental, lo que quede o no quede de edificio jurídico correísta para el control de los medios dependerá de la correlación de fuerzas al interior de la Comisión, donde el correísmo cuenta con cuatro asambleístas. No los que necesita para mantener (como es su intención) la figura de la Superintendencia de Comunicaciones, pero sí los suficientes para tornar incierto el resultado de otros debates.
El más polémico: la inclusión en la ley de los principios que corresponden a los códigos deontológicos de los medios. El proyecto de Lenín Moreno los mantiene; la oposición se pronuncia por excluirlos. La misma división existe con respecto a la figura de la Defensoría del Pueblo como una instancia intermedia entre los reclamos de los usuarios de los medios y el sistema judicial. En la oposición existe el consenso de que la justicia ordinaria debería bastar para sancionar a los medios en caso de que estos cometan algún delito.
Otro de los puntos calientes del debate tiene que ver con los medios públicos. La inclusión del concepto de medios institucionales, en el proyecto del presidente, no genera consensos.
Ayer la vicepresidenta del CAL, Viviana Bonilla, debió comparecer ante la Comisión para dar explicaciones sobre el trámite de otros proyectos de reforma que continúan represados, entre ellos los del asambleísta de PK Ángel Gende y la correísta Marcela Holguín. Hasta el momento, integrantes de casi todas las bancadas han presentado el suyo: Jeannine Cruz y Lourdes Crespo (CREO), Henry Cucalón y Patricia Henríquez (PSC), Wilma Andrade (BIN)... Algunos son muy escuetos, como el de Lourdes Crespo: apenas una veintena de artículos. Otros, como el del presidente, más de ochenta. Lo que hace pensar en un debate pendiente que por aquí nadie ha puesto aún encima de la mesa: sobre el concepto de la ley.
¿Ley nueva o con parches?
Los asesores de la Comisión ya empezaron a trabajar en los proyectos. El de Lenín Moreno es solamente uno más. Al parecer la metodología consistirá en analizar el texto de la ley actual, artículo por artículo. Se dice, sin embargo, que el objetivo es redactar una nueva ley.
