Modificarla, no derogarla. Pese a su polémica puesta en escena, tanto el Gobierno como los actores sociales concuerdan; la Ley Orgánica de Comunicación seguirá vigente, pero será sometida a un profundo proceso de reforma.

La normativa, vigente desde 2013, era para comunicadores y colectivos, un pendiente por resolver del actual gobierno. Y así fue. Tras meses de encuentros y reuniones con ciudadanos y profesionales en ocho provincias, la ley irá a discusión después de la consulta popular.

Pero las propuestas de cambio empezaron a llegar mucho antes. Cada sector tiene la suya. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión enfoca los cambios en el replanteamiento de la figura de linchamiento mediático, la eliminación o no de la Superintendencia de Comunicación y el desarrollo de la comunicación como un servicio público.

En julio, en cambio, la Federación Nacional de Periodista suscribió un proyecto de reforma a la ley que contempla la eliminación de la superintendencia. La postura de la organización se ha mantenido con el paso de los meses, sobre todo después de que la entidad sancionara a Teleamazonas por la supuesta negativa del canal a emitir un pedido de réplica del superintendente, Carlos Ochoa (la corte falló a favor del canal).

Los asambleístas tampoco se quedan atrás. Jorge Yunda, de PAIS, presentará la suya en las próximas semanas. Esta contempla la reforma de la aplicación de multas a los medios de comunicación y la aplicación de estas.

“Actualmente, las multas que se establecen son desproporcionadas y podrían acarrear a la quiebra de un medio...sería más positivo, por ejemplo, que estas sanciones sean pagadas con espacios interculturales”, señaló en una entrevista.

A su vez, la organización Fundamedios ha indicado que, entre los puntos que ellos plantean se deben modificar, está la desaparición de la Supercom y el uso de las réplicas y rectificaciones para que estos no sirvan como un método de “imposición de contenidos”.

Hasta ahora, la Secretaría de Comunicación (Secom), que lideró las mesas de diálogo en las provincias, no ha especificado las propuestas de reforma que entregarán a la Asamblea Nacional en febrero.

Sin embargo, Fabricio Cevallos, subsecretario de comunicación, ha adelantado que, entre los temas discutidos con los asistentes a los encuentros, están temas como los derechos de la comunicación y producción nacional, la capacitación técnica a medios comunitarios y el incremento de contenidos educativos y culturales.

El funcionario no se ha pronunciado sobre el pedido de los sectores de eliminar la Supercom, pero sí ha dicho, que el aspecto sancionador hacia los medios “podría trasladarse al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), donde se conformaría un consejo integrado por representantes no solo del Gobierno que se encargarían de revisar denuncias y sanciones”.