Licencia social

En el argot corporativo moderno han empezado a llamar licencia social al contrato implícito entre organizaciones y sus principales grupos de interés, para operar pacíficamente.

El término parece ser una derivación de la tradición del derecho administrativo. Los conductores que pasan el examen, los abogados de las viejas universidades o los negocios que deben cumplir permisos ambientales, obtienen desde hace mucho tiempo una “licencia” para poner las manos en el volante, presentar alegatos judiciales o realizar actividades productivas.

Y cada licenciamiento de estos se refiere al cumplimiento de normativa vigente.

Pero los promotores del “licenciamiento social” parecen ignorar a la vez dos problemas.

De un lado está la falibilidad a la que se enfrentan quienes buscan una “licencia social”. ¿Cuándo se obtiene? ¿Asegura un equilibrio estable? ¿Cuándo se pierde? ¿Basta una crisis mediática para su pérdida? ¿Cómo priorizar ciertos cuestionamientos sociales hacia la “licencia” frente a otros? Si la legitimidad mutua del licenciado y de los múltiples licenciatarios no se basan en parámetros previsibles, ¿cómo invierte la organización en un objetivo móvil? ¿Se mide esa inversión?

El otro problema es trascendente porque “obtener” una licencia social es en sí un cuestionamiento al Estado de derecho. Esto sucede desde que el Estado zanja en última instancia la legitimidad social de toda actividad. Con más o menos aceptación, atravesando vaivenes electorales, el Estado se sostiene en la emisión y el control de “licencias sociales”. ¿Cómo competir con el dueño y señor de la legalidad y del monopolio de la fuerza?

El dilema está al orden del día: los supuestos licenciamientos sociales sin parámetros explícitos y previsibles son inestables; pero la licencia social con norma pública solo aporta más Estado y más rigidez en el manejo de debates sociales.

Me pregunto ¿qué compran hoy los que pagan por “licencia social”?.